Durante el lanzamiento del primer proyecto de Geotermia en el sur del país, el ministro de Minas Edwin Palma confirmó que Colombia tiene la intención de vender energía a Venezuela, tras referirse al proceso de venta que hay con Ecuador.
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“Nosotros avanzamos en la interconexión con Panamá, avanzamos en la interconexión y en la venta de energía con el vecino país del Ecuador. Y a pesar de que no le guste a muchos, también lo estamos haciendo con Venezuela, como era antes, como pasaba antes, porque la energía está por encima de cualquier discusión de orden político”, dijo el jefe de la cartera de Energía.
En materia de tarifas de energía y transición energética, el ministro Palma afirmó que según datos del Dane, la energía “ha sido el uinico indicador que ha bajado 4.82% en la variación anual. En los últimos 10 años este indicador no lo había visto y esto es producto de la decisión política de intervenir el mercado de la energía eléctrica y abrir una discusión pública sobre el derecho humano a la energía eléctrica”.
Gremios cuestionan proyecto de Minminas para modificar tarifas de energía
Un grupo de agremiaciones del sector energético del país le manifestó al ministro Palma su posición frente al borrador de proyecto de ley “por medio del cual se establecen mecanismos en relación con el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica y se adoptan otras disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios”, que se encuentra publicado en la página del ministerio.
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A través de una misiva, los líderes gremiales, primeramente, le reconocen al ministerio las intenciones que, a través de diferentes mecanismos, buscan aliviar la carga tarifaria de los usuarios, en especial por separar de las facturas de energía el cobro de tasas e impuestos externos al servicio.
Asimismo, en la búsqueda de mejoras a la focalización de los subsidios para que estos lleguen solo a las personas más vulnerables.
Sin embargo, recalcan, luego de revisión por parte de las empresas afiliadas bajo una perspectiva técnica, jurídica y económica, manifiestan que la iniciativa legislativa, bajo los términos en ella planteados, “no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios, y, muy por el contrario, puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país en su conjunto”.
