Hay exceso de gasto. Esta fue una de las conclusiones que diferentes expertos en diálogo con EL HERALDO manifestaron luego de que se diera el hundimiento de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria, el pasado miércoles, en el Congreso de la República, archivada por las cuatro comisiones económicas del país.
Lea además: A sanción presidencial la reforma al SGP conciliada por el Congreso
Tras las diferentes opiniones que se han dado en el ámbito político sobre esta noticia, ahora se le suma la de los expertos económicos.
De acuerdo con el ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, lo que tiene que hacer el Gobierno nacional es reconocer donde está el problema del exceso de gasto.
“El verdadero problema del exceso de gasto radica en los crecimientos significativos del gasto de funcionamiento y en la nómina que crece un 20 % anual entre 2023 y 2025. Entonces allí es donde tiene que reconocer el Gobierno donde radica el problema”, dijo Restrepo a EL HERALDO.
En ese sentido, sostuvo que lo que tiene que hacer el Gobierno es “congelar o eliminar parte de esos gastos en lugar de afectar la inversión social”.
“El camino idóneo es justamente controlar el exceso de gasto, de burocracia y de derroche antes que entrar a disminuir beneficios sociales como subsidios, por ejemplo en materia de energía, entre otros temas. Ese es el camino responsable, porque lo que está absolutamente claro es que los gastos de nómina están creciendo de forma desbordada, y los gastos de contratación, de honorarios, de OPS, en los últimos dos años están creciendo más de un 150 %. Hay muchísimo derroche, y hay muchísimo espacio para controlar el exceso de gasto del presupuesto nacional”, explicó José Manuel Restrepo.
A su vez, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que la ley de financiamiento o reforma tributaria no aborda el problema de fondo de las cifras fiscales. “Hay un gasto público excesivo en relación con la capacidad de generación de ingresos (sin distorsionar aún más la decisiones de ahorro e inversión)”.
Lea también: Tras hundimiento de la reforma tributaria, Petro advirtió que la reacción del gobierno será “compleja”
“Según nuestros cálculos, el Gobierno deberá recortar el presupuesto de 2025 en al menos $37 billones, una cifra superior a la estimada para este año ($33 billones). Sin embargo, la ley de financiamiento, en su versión más reciente, solo generaría alrededor de $3 billones en nuevos recursos en 2025. Esto incluye impuestos con impactos muy negativos en el aparato productivo, como la medida que pretende triplicar el impuesto al carbono (así ahora sea en tres años). Cerca de $6 billones provendrían de un mayor endeudamiento, producto del adelantamiento en un año del cumplimiento paramétrico de la regla fiscal. Estos recursos implican un mayor gasto, no mayores ingresos”, expresó Mejía.
Adicionalmente, recordó que la primera ponencia excluye una de las medidas más razonables del proyecto original del Gobierno: la introducción del IVA para los juegos de suerte y azar digitales. “Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta omisión representa una pérdida potencial de ingresos cercana a $2 billones”.
Por otro lado, aseguró que la ponencia introduce un “dividendo mínimo presuntivo”, un concepto que, según una primera lectura, podría derivar en una doble tributación sobre el 30 % de las utilidades empresariales, generando incertidumbre y desincentivando aún más la inversión.
“Finalmente, se mantiene una medida particularmente perjudicial: flexibilizar la regla fiscal, permitiendo que las inversiones verdes queden excluidas del déficit fiscal para efectos de su cumplimiento. Esta disposición debilita la credibilidad de la regla fiscal y aumentará los costos de financiamiento del país. La ley de financiamiento es inoportuna, inconveniente y desvía la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda: la necesidad de realizar un recorte cercano al 7 % en el presupuesto del próximo año”, detalló el director de Fedesarrollo.
El ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó que el hundimiento de la ley de financiamiento muestra que hay más país que gobierno.
“Un reconocimiento a los ciudadanos y la sociedad civil que evidenció el peligro de esta ley para las finanzas públicas y de los colombianos”, dijo Cárdenas.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que el antecedente a la Ley de Financiamiento negada por el Congreso, es el Presupuesto General de la Nación que fue considerado excesivo por el Congreso por poner en peligro la sostenibilidad fiscal de la nación.
“Por esta razón lo responsable hoy es implementar un programa serio de austeridad y reducción del gasto innecesario y superfluo”, dijo Mac Master.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, puntualizó que la economía colombiana ha comenzado a mostrar leves señales de recuperación, que no deben frenarse con una mayor carga tributaria.
“No es sostenible seguir imponiendo más impuestos al sector empresarial y a los colombianos sin avanzar en austeridad y eficiencia del gasto público. El archivo del proyecto de Ley de Financiamiento por parte de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara refleja coherencia y responsabilidad frente a la situación económica actual”, afirmó Lacouture.
