EPM no descarta que pueda participar en el proceso de elección de los dos nuevos operadores de energía para la Región Caribe. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de las Empresas Pública de Medellín (EPM) dijo ayer en Barranquilla que la participación dependería de las opciones de encontrar un socio extranjero que aporte capital.
'Habría que buscar un inversionista que aporte el capital y EPM opere durante varios años. Esa es una fórmula que podríamos explorar y que estamos analizando. En el largo plazo nos interesa', dijo Londoño de la Cuesta.
El gerente de la compañía agregó que una de las barreras para entrar en la elección de los nuevos operadores es de 'liquidez', debido las inversiones que se necesitan y superan los $5 billlones. Londoño además fue invitado a la ciudad por la Andi, ProBarranquilla, Cámara de Comercio, AmCham y el Comité Intergremial para explicar el presente de Hidroituango.
Como uno de los jugadores potentes del mercado energético en el país, con líneas de negocios en generación, Jorge Londoño de la Cuesta contó en su conferencia cómo están resolviendo las coyunturas y las implicaciones que tiene para el país y la Región Caribe la construcción de la hidroeléctrica que se desarrolla en Antioquia. El proyecto tiene previsto generar energía en dos años, si logra superar sus etapas críticas tras la entrada de agua del río al cuarto de máquinas en 2018.
'Las unidades tres y cuatro siempre estuvieron clausuradas y son las que están más avanzadas, desarrolladas con un montaje que se acerca al 80% al día de hoy, la recuperación de las dos primeras unidades serán más rápido y estamos confiado que para el segundo semestre de 2021', dijo Londoño.
Sobre los reclamos de pescadores por el impacto del proyecto en el río Cauca, afluente del río Magdalena, sobre La Mojana (Sucre), Londoño dijo que 'no son válidos'.
Indicó que al hacer cierre de compuertas río arriba y con el descargue de EMP en el embalse se 'neutralizó el posible descenso que se dijo tuvo el caudal del Cauca'.
El gerente de EPM precisó que los impactos en 2018 llevaron a una 'prohibición cercana a $300 mil millones' para atender la contingencia social y ambiental.
