El crédito por libranza es una modalidad que ofrece tasas de interés atractivas, menores requisitos y acceso a recursos de manera más ágil, por lo cual desde hace varios años ha tomando fuerza en el país con un crecimiento promedio anual de 17,7%, según cifras de la Superintendencia Financiera.
De acuerdo con la entidad, en el primer trimestre de este año la cartera de los créditos por libranza llegó a $36,4 billones, más de tres veces la cartera de microcrédito y cerca del 90% de la de vivienda, mientras que la cartera de libranza de las entidades no vigiladas (extrabancarias) supera los $10 billones.
Esta figura también está asociada a un menor riesgo de crédito ya que cuenta con la garantía del flujo de pagos.
Desde hace años es usada por muchos colombianos, pero ahora se encuentra en el ojo del huracán tras el escándalo generado por la firma Estraval, sobre la cual, la semana pasada, fue decretada la liquidación judicial como medida de intervención por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.
Aunque el crédito por libranza fue reglamentado por la Ley 1527 de 2012, que estableció su marco general regulatorio, quedaron espacios que fueron aprovechados por firmas que abusaron de la figura y de la buena fe de sus clientes.
Un análisis elaborado por Asobancaria señala que factores como la indebida gestión en la originación, la venta de los créditos respaldados con libranzas por parte de entidades comerciales no vigiladas como Estraval y la falta de vigilancia y control 'han deteriorado la imagen del descuento directo o libranza y han permitido el uso abusivo de esta figura, minando la seguridad y la confianza del público sobre la actividad financiera'.
Caso estraval
Desde 2015, la firma que negociaba cartera de libranza (extrabancaria) estaba en la mira de la Supersociedades ya que se detectó la no inscripción del grupo empresarial. Tras una investigación, les impusieron multas por este concepto a César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán, matrices personales del grupo.
Estraval actuaba como un intermediario en el mercado, pues vendía a inversionistas (pensionados, policías y otros) los pagarés que firmaban los trabajadores que recibían créditos por libranza (pagado por descuento por nómina) y les ofrecía altas tasas de rentabilidad. El volumen de estas operaciones superaba los $500.000 millones, mientras que los acreedores afectados por su operación llegan a los 4.000.
Durante más de 10 años la sociedad operó de esta forma, pero comenzó a fallar en los pagos lo que generó múltiples quejas de clientes por incumplimiento, a lo que se sumó la mora en el pago de obligaciones fiscales y el incumplimiento de los contratos de compra venta de cartera de pagarés. Todo ello llevó a que en mayo de este año la Supersociedades decretara de oficio la apertura del proceso de reorganización, que posteriormente, en junio, pasó a la apertura del proceso de liquidación judicial.
El pasado viernes ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estraval y la suspensión inmediata de las actividades de otras seis sociedades, que operaban.
La información obtenida por la Supersociedades permitió concluir que 'Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades'.
En cintura
El descalabro de Estraval y otros casos similares motivó la expedición del Decreto 1348, por parte del Gobierno, que le da a la Supersociedades y a la Superfinanciera más herramientas para controlar la práctica comercial de esa figura financiera, lo que reduce riesgos a los inversionistas, amplía el espectro a más personas naturales que quieran participar, y regula el sistema.
El nuevo marco normativo exige al vendedor de libranzas revelar al comprador los riesgos que son inherentes a las operaciones de venta. De esta forma brindarán mayores garantías y se llena el vacío legislativo que había hasta este momento.
Además, la normatividad reglamenta la entrega de información, lo que facilita aclarar todos los términos del negocio para que desde un principio los actores de la cadena conozcan los estados financieros de las partes.
'Con la norma se pone fin a la incertidumbre en materia de inversiones a través del modelo de libranzas en Colombia', afirma la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
Herramienta financiera
Asobancaria señala que la figura de la libranza se debe proteger como mecanismo de profundización del crédito en Colombia.
El gremio bancario indica que las crisis que ha tenido esta figura en la última década no se presentaron como consecuencia de la estructura per se de la libranza, sino como producto de 'una limitada regulación y supervisión de algunas empresas no bancarias que incursionan en el mercado del crédito de la libranza sin prever los riesgos inherentes a este mercado'.
Recomendaciones
La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), gremio que tiene una amplia participación en el mercado de esta modalidad de crédito, recomienda tomar las precauciones del caso cuando se vaya a adelantar operaciones financieras de ahorro y crédito.
El gremio informa que la actividad financiera cooperativa es ejercida por 187 entidades, de las cuales seis cuentan con vigilancia de la Superfinanciera y 181 de la Supersolidaria. Estas cumplen con requerimientos de regulación prudencial e inscripción al seguro de depósito de Fogacoop que garantizan su idoneidad para actuar en el mercado.
Aconseja a las personas verificar en las páginas oficiales de las superintendencias Financiera y de la Economía Solidaria si las entidades con las que aspiran adelantar un trámite están autorizadas.
Además, en los casos de solicitud de créditos en las cooperativas de aporte y crédito deben revisar si estas aparecen registradas y reportan su información a la Superintendencia de la Economía Solidaria.
