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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frenó a comienzo de 2015 un negocio que en 2013 movió en Colombia US$123 millones, y que ahora enfrenta una demanda potencial por más de 10,13 millones de consumidores de entre 2 y 26 años, que resultaron afectados.

El presunto cartel de los cuadernos para escritura, puesto al descubierto por la SIC a través del Programa de Beneficios por Colaboración (delación), movió entre el 2001 y el 2014 más de $2 billones. El comercio involucró entre las empresas líderes como Scribe y Carvajal, que controlan un 62% del mercado.

La delación expuso la posible comisión de conductas anticompetitivas en el mercado de producción, distribución y comercialización y mostró las prácticas desde sus niveles más altos.

El programa de Beneficios otorga una exoneración total o parcial de las multas a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en carteles.

De acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la SIC podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la competencia y colaboren con la autoridad.

ENCUENTROS DE ALTO EJECUTIVOS. Las conversaciones para establecer el presunto cartel comenzaron en 2001 entre ejecutivos de dos empresas involucradas.

La investigación indica que las reuniones comenzaron a nivel de presidentes y gerentes de las compañías e identificados como nivel 1 y estos a su vez delegaban a otros de nivel 2, conformados por los gerentes de canales.

Los gerentes de zona enteraban a sus superiores sobre los pactos, tenían la obligación de realizar informes y hacer seguimiento, verificación, denuncias de incumplimiento, intercambio de información de los compromisos para alinear los objetivos comunes.

Se reunían una vez al año para definir acuerdos 'expresos y tácitos' e implementarse en las temporadas A y B, como identificaron los períodos escolares.

Las pruebas encontradas por delegados de la SIC en correos electrónicos, declaraciones de funcionarios o exfuncionarios de las empresas involucradas y evidencias materiales probatorias, dan cuenta de 14 reuniones llevadas a cabo entre gerentes generales y otros de menor rango, en hoteles, clubes, restaurantes y oficinas en Colombia y México en las que se habrían acordado las condiciones y funcionamiento del presunto cartel.

UN MERCADO EN CRISIS. Un involucrado contó a la SIC que en diciembre de 2001, se habló de cómo estaba el mercado dividido en dos: con un 70% para los cuadernos económicos, de unas 100 millones de unidades e incluía los importados. Y quedaba un 30% que era para cuadernos de marca.

Carvajal, que en aquel entonces era Bico Internacional, y Kimberly, se reunieron para discutir algunos asuntos relacionados con los precios. Scribe también habría participado en el presunto cartel de precios desde 2011, cuando el grupo papelero compró la línea de cuadernos Scribe, de propiedad de Kimberly.

El presunto cartel acordó y clasificó la línea de cuadernos: los de marca con los Premium y Value; los intermedios y los económicos. Los Premium eran los más valorados por sus portadas con personajes de marcas internacionales como Disney y Cartoon Network.

Con la participación de los ejecutivos, el esquema garantizaba que todos los involucrados conocieran las decisiones y en caso de cambios de funcionarios en las empresas, el que llegara conociera de la existencia del presunto cartel.

Los participantes tenían la obligación de no dejar evidencias de los encuentros de agentes y los altos directivos e impartían órdenes de ocultar información que podía servir de soporte.

LAS POSIBLES SANCIONES. En el caso de que el proceso declare que se violaron las normas de libre competencia, la SIC, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas hasta por 100.000 salarios mínimos, según lo señala la Ley 1340 de 2009. Esto se traduce en $64.435 millones por cada infracción a las empresas, mientras que a las personas naturales que participaron o facilitaron, hasta 2.000 salarios mínimos, es decir, $1.288,7 millones.

PRÁCTICAS ACORDADAS EN LA CADENA.

1. Acordaban temas de trabajo sobre los precios de las líneas de cuadernos económicos.

2. Pactaban subir precios de la línea premium.

3. No apoyaban el patrocinio de descuentos al consumidor final.

4. Buscaban una mejor rentabilidad del negocio con prioridad al mercado colombiano y analizar otros del exterior.

5. Invitaban a empresas de países vecinos para subir precios.