La ola de extorsiones que se vienen denunciando en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo ahora se trasladó a Valledupar. Si el Gobierno Nacional no le pone un ‘tatequieto’ inmediato a este delito se podría repetir la historia de 13 años atrás.
La denuncia hecha esta semana por Silvestre Dangond es una más de las 2.316 que se han instaurado este año. Lo que se estima es que el número de extorsiones (sobre todo contra los ciudadanos de a pie) sobrepasa los reportes oficiales de las autoridades y, según cálculos de los gremios, cada año se pagan más de 2 billones de pesos en vacunas. Lo grave para este país es que el monto anterior no incluye las extorsiones de los funcionarios públicos a los contratistas del Estado, las de algunos congresistas al Gobierno Nacional y las payolas que algunos directores de radio cobran a los artistas. Vivimos en un país de extorsionistas.
El proyecto de ley que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estructuró para aumentar de 16 a 32 años de cárcel las penas para la extorsión es una buena iniciativa que va a paso de tortuga, porque como todos bien sabemos, los congresistas no se van a enterrar ellos mismos el cuchillo y, segundo, porque nuestro sistema judicial y carcelario está agónico. La desconfianza de las víctimas hacia la administración de justicia es de tal magnitud, que la mayoría de las veces prefieren guardar silencio, dados los privilegios con los que cuentan los delincuentes y el poco tiempo que toman en volver a extorsionar luego de las pesquisas penales.
En este país lo que hace falta son políticas públicas que brinden igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su prosperidad. Lo que el expresidente Álvaro Uribe llama “cohesión social”. Estas actividades criminales de robo de ganado y extorsión a comerciantes, mototaxistas y vendedores ambulantes se dan por falta de oportunidades de un empleo productivo que permita a estos delincuentes tener una vida digna. Las brechas socioeconómicas en Colombia son muy grandes y es por ahí por donde debemos comenzar a buscar la solución a estos problemas de inseguridad.
Es inaudito que llevemos siete años sin una política efectiva de ocupación productiva para los 32.000 desmovilizados del proceso de paz con los paramilitares y los 9.000 desmovilizados de grupos guerrilleros. ¿Cómo no se les ocurrió a los exministros Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas Lleras entregarles un predio baldío y una vivienda gratis a estos desmovilizados? ¿Por qué el señor Bruce Mc Master, que manejó un presupuesto de mas de 5 billones de pesos, no implementó un programa de ocupación productiva para estas personas? ¿En qué se ha gastado los miles de millones de pesos la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración?
Señor presidente, señores magistrados de la Corte Constitucional y señor procurador, es hora de que tomen cartas en el asunto.
@indadangond
