El Ministerio de Agricultura recibió en estos días el informe de un estudio sobre el potencial productivo de la altillanura colombiana, elaborado bajo la dirección de Gustavo Grobocopatel, destacado empresario agrícola argentino y líder internacional en la adopción de alta tecnología para la siembra y administración de cultivos. El título del estudio es “Colombia siembra en la altillanura”, y contiene un análisis de la competitividad de esa región para cultivar soya, maíz y arroz.

Ha coincidido la presentación de ese informe con una solicitud que me hizo el senador Robledo en un mensaje de Twitter que me llegó por conducto de otra persona y decía: “¿Cuándo será que el señor R. Hommes nos demuestra con cifras que el futuro del agro está en Puerto Carreño?” (Él cree que ese futuro está en La Habana). Este estudio hace innecesario hacerle caso porque contiene todo o casi todo de lo que se quiere saber sobre el tema y lo que no se sabía. Hace un análisis detallado de la rentabilidad de esos cultivos en la región, lo que permite estimar el potencial de producción, describe cómo sería la organización para la producción, qué le corresponde hacer al Estado y qué a los agricultores privados, bienes públicos que hacen falta, qué impedimentos existen para la trasmisión de conocimiento en el área y el acceso a capital, cómo se organizarían los servicios, la asistencia técnica y  el transporte, qué empresas se crearían para abastecer los cultivos y para facilitar la comercialización. Habla también sobre organización social, migración a la región, y sobre sistemas de transporte.

El estudio prevé que se pueden desarrollar tres millones de hectáreas nuevas dedicadas a soya (una tercera parte), maíz (la mitad) y arroz. De esta área, 1.680.000 hectáreas se dedicarían a cultivos para exportación y el resto producirá para el consumo interno, humano y de animales, sustituyendo importaciones. La contribución de estos cultivos a la cuenta corriente de la balanza de pagos sería superior a la que ha estimado el ministro de Hacienda (USD 1.500 millones anuales). La contribución al PIB de esa producción adicional se estima que sería de ese mismo orden, sin tener en cuenta incrementos de la inversión, del transporte y de los servicios, y la creación de aproximadamente 160.000 empleos directos. Aunque los costos de producción serían inicialmente superiores a los de Estados Unidos y Brasil, la protección arancelaria existente hace posible que las ganancias de esos cultivos sean mayores en Colombia que las de los agricultores en esos dos países, lo que permitiría reducir protección a medida que avanza el conocimiento agronómico y se reduce técnicamente el uso de fertilizantes que en Colombia es excesivo. Al cabo de unos años es posible producir en Colombia con costos equivalentes a los de Brasil y productividades ligeramente superiores. 

No es necio creer que la agricultura colombiana tiene un futuro promisorio si crece hacia Puerto Carreño. Pero no es el único. Hay otros igualmente promisorios en las laderas y mesetas andinas, en las dos costas y los valles de los grandes ríos. El futuro no pasa por La Habana sino que ya está aquí, esperando desarrollo.