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¿Qué nos pasa?

Hace pocos días fue noticia el fallo del Congreso de la República, mediante el cual se hundió el Acuerdo de Escazú, después de que las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, sesionaron conjuntamente, para discutir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 057 de 2020 “Por medio de la cual se aprueba el «acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe»”.

Hace pocos días fue noticia el fallo del Congreso de la República, mediante el cual se hundió el Acuerdo de Escazú, después de que las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, sesionaron conjuntamente, para discutir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 057 de 2020 “Por medio de la cual se aprueba el «acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe»”.

Aunque puede haber mucho de política en dicha decisión, no se entiende por qué siendo un acuerdo que promulga la preservación del medio ambiente, así como la defensa de la vida y de los derechos de seres humanos que promueven escenarios más justos en esa relación hombre-medio, prevalecen intereses y si se quiere caprichos, que hacen aún más complicada la conservación de nuestros ecosistemas, así como la adaptación de todos los seres vivos, frente a los cambios irresolutos de un ambiente cada vez más “enrarecido”.

El acuerdo en mención fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, con el objeto de disminuir y prevenir los conflictos ambientales, incluyendo medidas precisas para la protección de los defensores ambientales. De manera específica, la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia indica 3 objetivos: 1. Acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; 2. Participación ciudadana, que debe ser abierta e inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud; y 3. Acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al medio ambiente y los derechos humanos.

Se señala en diversos ámbitos, como el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, siendo el primero en el mundo que incluye disposiciones en procura de salvaguardar la vida y en general los derechos humanos de todos aquellos que promueven la preservación y el cuidado del medio ambiente.

Siendo lo anteriormente referido tal vez lo más importante, quiero hacer mención de ese primer punto relacionado con el acceso a la información, pues más allá de que ha habido instrumentos legales para hacer pública la información, adolecemos aún de estrategias, gestión y un sinnúmero de aspectos logísticos, administrativos y técnicos que se traducen en una información que en ocasiones es incompleta y de poca calidad, en el mejor de los casos; pues son muchas las zonas del país en donde no existen datos y mucho menos información con cierto detalle. Apunta además a aportar en cierta forma a esa falta de conocimiento, lo que sin duda redunda en mejores decisiones desde la óptica de la corresponsabilidad.

Con la celebración del día de la Tierra, el pasado 22 de abril entró en vigor el acuerdo, el cual ha sido ratificado por 12 países. Para la CEPAL, en cabeza de su directora Alicia Bárcena, es urgente que Brasil y Colombia ratifiquen el acuerdo, señalando que “son territorios aún muy peligrosos para ambientalistas”.

Por ahora, esperar el nuevo periodo legislativo, para saber si se presenta un nuevo proyecto de ley mediante el cual se logre la ratificación de Colombia. El panorama es incierto.

* Meteorólogo Videoclimet

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