Gran expectativa ha habido en el país alrededor del desarrollo y ejecución de las 4G. Se trata del primer programa de carreteras que se desarrolla posterior a la expedición de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que incorpora cambios sustanciales en la ejecución de concesiones viales en el país.
Bajo este nuevo marco normativo, las 4G deben ejecutarse teniendo en cuenta cuatro elementos básicos así: Primero, la responsabilidad de la inversión recae totalmente sobre el privado, lo que implica que el concesionario debe garantizar la financiación de la obra en un 100%. Un segundo aspecto se refiere al pago por disponibilidad, el que implica un gran reto en la medida en que el privado no recibe la participación correspondiente al capital público hasta tanto la obra no esté al servicio de los usuarios. Así mismo, se determina sobre quien recaen los riesgos, y estos básicamente se asignan bajo el criterio de mayor capacidad para administrarlos, contrario a lo que sucedía con las concesiones adjudicadas en el pasado. Y por último, bajo las nuevas reglas de juego, la posibilidad de prorrogas y adiciones está claramente restringida.
Muchas 4G en este momento se encuentran en una etapa preoperativa que busca avanzar en todos esos frentes críticos que deben abordarse antes del inicio de la obra. Dentro de estas actividades que se adelantan tenemos la elaboración de diseños de ingeniería a detalle, las gestiones prediales y ambientales de acuerdo con las normativas vigentes, las negociaciones con los proveedores de los insumos más importantes para las obras, entre otras, buscando así resolver en esta etapa todos los temas, para así lograr mayores rendimientos durante la construcción y mantenimiento.
Sin embargo, hay un aspecto en particular que entendemos ha generado un poco de inquietud y este tiene que ver con la financiación de las 4G y los cierres financieros. Una de las razones por las cuales los cierres hoy son más complejos se debe, sin duda, a la devaluación del peso colombiano, consecuencia de la caída del precio de petróleo. Pero una razón más influyente en la demora para lograr los cierres es la simultaneidad de los proyectos 4G y los proyectos de iniciativa privada, lo que ha generado dificultades y demoras en los procesos de financiación. Esta situación también impone un desafío para el desarrollo de proyectos locales, pues la demanda de recursos para las 4G puede limitar la financiación de estos proyectos, como es el caso del Plan Vial Departamental o el Plan Maestro de Arroyos.
El panorama descrito anteriormente sugiere la necesidad de involucrar nuevos actores para la consecución del equity, los que podrían ser inversionistas o fondos de capital. Adicionalmente y para finalizar, es imprescindible que, con el propósito de buscar salidas a esta compleja situación, las entidades financieras reconsideren los requisitos exigidos a los concesionarios.
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