La Superintendencia de Sociedades sometió a control, es decir, 'al máximo grado de supervisión', a cuatro sociedades de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce.
A partir de esta decisión, conocida por EL HERALDO, se prohíben enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, así como el ente de control se atribuye la facultad de ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados de estas empresas.
En el documento, fechado el 21 de diciembre de 2015, el coordinador del grupo de Investigaciones Especiales de la Supersociedades, Enrique Mercado Idárraga, informa de 'las medidas adoptadas por esta entidad para proteger los intereses de terceros que se puedan ver afectados por el actuar irregular de Gette Ponce'.
De esta manera, el ente de control dicta la medida sobre las sociedades Gette Ponce y Compañía, Constructora Caribeña, Getteavalos y Cía e Instituto de Lenguas del Caribe.
Y sobre las mismas advierte que 'analizada la documentación obtenida en las tomas de información, se encontraron empresas con posibles vínculos con la señora Gette, por lo que se continúan realizando investigaciones tendientes a esclarecer y determinar si existen razones que permitan la apertura de investigaciones administrativas'.
Señala además la Supersociedades que dichas empresas fueron sometidas al control de que trata el artículo 85 de la Ley 122 de 1995, es decir que el ente de control se toma la atribución de 'ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia'.
Entre las otras facultades que le permite a la Superintendencia esta decisión se encuentra por ejemplo, el hecho de promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control, autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria y autorizar la colocación de acciones.
Igualmente, puede 'conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del máximo órgano social o junta directiva' y efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias.
Finalmente, puede el ente de control convocar a la sociedad al trámite de un proceso concursal y aprobar el avalúo de los aportes en especie.
En agosto pasado, este diario había revelado que por solicitud de los representantes de la Universidad Autónoma del Caribe y del presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, la Superintendencia había abierto una investigación administrativa a las sociedades y bienes de la exrectora.
Entonces, Diana Mantilla, directora de supervisión de Sociedades de la Superintendencia advertía que 'esta entidad adelantará las actuaciones administrativas correspondientes', luego de que n el mes de julio el claustro pidiera intervenir las sociedades de la argentina en las que 'intenta esconder las propiedades' con las que eventualmente tendría que reparar al centro educativo si es encontrada responsable de varios procesos por supuestos desfalcos cuando fungió como rectora.
En las solicitudes, Daniel Largacha, apoderado del alma máter, pidió a la Supersociedades iniciar un proceso de intervención en las asociaciones mercantiles detalladas, 'pues fueron constituidas con recursos provenientes de actividades ilícitas'.
Bustos, entre tanto, solicitó 'garantizar la efectiva protección de los dineros que pertenecen a los entes educativos y proteger así el derecho constitucional a la educación'.
Así mismo, este medio reveló en septiembre pasado que la asesora de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Martha Ligia Ortega, informó que la Fiscalía 38 de Extinción de Dominio y Lavado de Activos tenía a cargo procesos de embargos de bienes de Gette en Miami, Colombia y Buenos Aires, con fines de extinción de dominio.
La exrectora, desde el mismo mes de septiembre, está cobijada con un polémico beneficio de casa por cárcel en Barranquilla por la condena tras el soborno de 500 millones de pesos a alias Don Antonio para que éste la desvinculara de los señalamientos por el crimen de Fernando Cepeda.
Del mismo modo, en noviembre pasado se conoció un audio, que está en la mira de las autoridades, de una supuesta conversación entre Gette y su hijastra, María Paulina Ceballos, en la que aparentemente ambas se acercan tras años de enemistad para desviar la investigación por el crimen, ser absueltas y recuperar el control de la Uniautónoma.
Gette enfrenta además causas por la presunta apropiación de un millón de dólares de la universidad, los aparentes autopréstamos en la misma por unos 2.400 millones de pesos -por los que la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento el próximo 27 de enero en Bogotá-, la supuesta defraudación al claustro por 3.300 millones de pesos a través de facturas falsas y el posible aumento de la pensión de sobreviviente que habría ocasionado un aparente perjuicio de más de mil millones de pesos.
