La asesora de comunicaciones de la Fiscalía, Ángela María Calderón, radicó este miércoles una denuncia por injuria y calumnia contra el senador cordobés Gustavo Petro, de la Colombia Humana, luego de que este entregara ante la plenaria del Senado el pasado martes, durante la segunda parte del debate de Odebrecht, una lista de cinco periodistas que según él habrían recibido sobornos de la brasilera para, dijo, inculpar a los costeños del Grupo Nule y exculpar a los extranjeros por hechos de corrupción en contratos de obras públicas de la capital.

“No podemos seguir callando ante las aseveraciones mentirosas e irresponsables que el señor Gustavo Petro viene haciendo continua y sistemáticamente contra colombianos que, como en mi caso, siempre hemos actuado con total transparencia en el ejercicio de nuestras actividades profesionales”, advirtió la periodista en un comunicado emitido el pasado martes.

La querella de Calderón fue presentada en efecto este miércoles ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y en ella se lee que el excandidato presidencial de izquierda hizo “afirmaciones mentirosas, injuriosas y calumniosas” en su contra. Agregó la asesora de prensa que nunca ha “trabajado ni para Odebrecht ni para sus empresas relacionadas” y que nunca ha “recibido pago alguno procedente de Odebrecht o sus empresas relacionadas”.

Petro, en su intervención del martes a nombre de la bancada de la Colombia Humana, señaló: “La prensa en esa época le echó toda el agua sucia a los Nule, (…) periodistas como Juan Mesa Zuleta, exjefe de prensa de Juan Manuel Santos; Ángela Calderón, la actual jefa de prensa de la Fiscalía; Camilo Cano; Marylin López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal; Camilo Granada, que fue jefe de prensa de Juan Manuel Santos”.

Y agregó en este sentido el senador orense: “¿Qué papel jugó la prensa en el 2010? Le echó toda el agua sucia a los Nule, los malos de todo el mundo, así como las Farc, eran los Nule, precisamente cuando estaban compitiendo con Odebrecht. No es que los Nule no hayan cometido delitos sino que habían dejado de ser los favoritos del Gobierno Nacional por la contratación y al ser competidores con Odebrecht y al ya existir un favoritismo, se necesitaba destruir al competidor y la prensa hizo esta función”.

Por su parte, uno de los citantes del debate –cuya primera parte se cumplió la semana pasada-, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, pidió nuevamente la renuncia de la ministra de Transporte, la barranquillera Ángela María Orozco, y aseveró que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está impedida en el caso Odebrecht.

La ministra de Transporte y la vicepresidenta, dijo el opositor, “les intentaron regalar $1 billón a los banqueros del negocio de la Ruta del Sol, incluidos $600 mil millones a los bancos del Grupo Aval”. Se refiere Robledo a la conciliación que habría propuesto la ministra en la liquidación del contrato con la concesionaria de Odebrecht y Corficolombiana, planteando que al Estado le correspondía una deuda de $2,7 billones. Esto luego fue negado por un tribunal de arbitramento, que ordenó pagar a favor de los “terceros de buena fe” solo la suma de $211 mil millones.

El senador del Polo dijo que Orozco estaba impedida en este caso porque entre los clientes de la empresa que dirigía estaban el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, pertenecientes al Grupo Aval. Y aseveró que Ramírez también está inhabilitada, debido a su amistad con el presidente de dicho grupo, Luis Carlos Sarmiento, y a que este empresario habría financiado sus dos campañas presidenciales.

En defensa de las funcionarias del Gobierno salieron el senador barranquillero Efraín Cepeda, del Partido Conservador y el expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.

Cepeda dijo que si bien la vicepresidenta y la ministra en alguna época prestaron sus servicios en el sector privado, hace siete años que Orozco no presta sus servicios a ninguna entidad del Grupo Aval, y Ramírez hace 13 años que no hace negocios con este grupo: “Aquí no podemos interpretar la ley de manera diferente, no puede haber inhabilidades de por vida”, dijo el parlamentario.

Y Uribe destacó la gestión de ambas: “La ministra y la vicepresidenta han dado conferencias sobre TLC, lo que no las inhabilita para desarrollar su gestión en el Gobierno (…). El hecho que hayan reconocido una amistad de Sarmiento no convierte eso en amistad entrañable”.

Finalmente, Robledo radicó una proposición de moción de censura contra la ministra barranquillera porque “desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades (…), actuó de manera negligente, desconociendo el deber objetivo de cuidado e inobservando su obligación de proteger los recursos públicos; y les otorgó calidad de terceros de buena fe a los bancos del Grupo Aval, cuando existen múltiples y graves indicios, que incluyen decisiones judiciales y administrativas, que demuestran que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht sino su cómplice”.