La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró este jueves la audiencia para evaluar los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales e investigaciones de hechos victimizantes cometidos contra firmantes del Acuerdo de Paz.
En la diligencia, a la que fue citada la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, puso en contexto la relación entre muerte de los excombatientes y los municipios caracterizados por la intensidad de la violencia, y se determinó que 'no hay claridad' en los móviles de los homicidios de excombatientes.
La audiencia fue presidida por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo y María del Pilar Valencia, así como los magistrados Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar y Raúl Eduardo Sánchez, todos ellos miembros de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
La magistratura expuso que le preocupan las diferencias en las cifras que reporta la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP sobre el censo por homicidios de excombatientes y su relación con los casos que excluye de sus investigaciones judiciales, pues afecta los resultados que se entregan en términos estadísticos.
El magistrado Alejandro Ramelli señaló 'que la violencia contra firmantes responde a varias dinámicas, entre ellas, las disputas por el control territorial, truncamiento de liderazgos sociales, debilidad de los programas de protección y demora en investigación y resultados'.
Más de 65% de los homicidios de los excombatientes son ejecutados por organizaciones criminales: Las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y Los Pelusos.
De acuerdo con el director de la Unidad de Investigación, Giovani Álvarez, 'es importante que se establezcan mecanismos que permitan la lucha contra estas organizaciones criminales'.
Los hallazgos de la Unidad indican que: Hay una tendencia a lograr condenas a través de preacuerdos. La persecución penal se concentró en los ejecutores materiales de los homicidios y no hay claridad en los móviles de los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz.
Además, según la JEP, en 76% de los municipios donde han ocurrido asesinatos, 'no se han proferido fallos condenatorios' por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía.
'En la mayoría de los casos donde aparece el móvil que se consignó en la sentencia, se consignó el móvil señalado por el condenado', destacó Álvarez antes de concluir que 'el modelo de investigación no estaría contribuyendo al desmantelamiento de las organizaciones criminales'.
