No tenemos miedo a que nos demanden: Mintic
La ministra Karen Abudinen anunció que se le exigirá a la Unión Temporal Centros Poblados que devuelva los $70 mil millones.
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció este viernes, tras la declaratoria de caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados por parte de la misma cartera de las comunicaciones, que se iniciará de inmediato la liquidación de dicho contrato y que en el marco de este proceso se le exigirá al contratista que pague cláusula por $39 mil millones de pesos.
“Hemos caducado el contrato: la decisión más contundente en materia de contratación estatal. Desde hace 45 días iniciamos esta actuación, con convencimiento de que esta decisión es la más acertada”, reportó la funcionaria a través de un Facebook Live emitido una vez culminó la audiencia de incumplimiento.
Informó además que los contratistas quedan inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad estatal.
Y afirmó frente a la polémica que se ha generado por las actuaciones que ha emprendido su cartera: “Fuimos nosotros quienes denunciamos inmediatamente y conformamos un equipo para realizar todas las acciones. Primero denunciamos ante la Fiscalía para que iniciara las investigaciones correspondientes, dimos traslado a los entes de control, a quienes también les entregamos toda la información, al interior de este Ministerio iniciamos la actuación administrativa para caducar este contrato”.
Así mismo, añadió, “con control interno iniciamos una actuación para establecer si tuvimos alguna falla en el Ministerio, está en curso una actuación administrativa a los responsables de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos, cambiamos al supervisor del contrato y hemos realizado todas las actuaciones frente a la fiducia, SesColombia, que nos dio concepto favorable sobre la validez de la garantía”.
También, indicó, se adelantará el proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación y del contrato, y se pedirán las restituciones mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad.
Advirtió en este sentido Abudinen que en todo lo ocurrido “se denota la mala fe que ha tenido el contratista” y dijo que a raíz de esto “se hicieron todo tipo de ataques con desinformación sobre mi proceder”.
De igual modo, dijo que el Mintic está visitando todos los colegios en los que se instalaron los equipos que supuestamente Centros Poblados adquirió.
“Haremos efectiva la cláusula penal pecuniaria por la suma hasta de $39 mil millones (...) y no tenemos miedo a que nos demanden, porque tenemos los argumentos para enfrentar este proceso”, concluyó.
La audiencia
El Ministerio declaró la caducidad del contrato de aporte 1043 de 2020 entre el Fondo Único TIC y Centros Poblados por el “incumplimiento” del objeto pactado, que era llevar internet a más de 7 mil colegios públicos rurales del país.
“No son de recibo para el despacho los argumentos para impugnar la resolución por la cual se decidió la actuación administrativa relacionada con el presunto incumplimiento y declaratoria de caducidad del contrato”, indicó la delegada del Mintic, Adriana Vivas, tras más de cuatro horas de lectura de la resolución en medio de una audiencia virtual a la que asistieron más de 200 personas, entre partes, medios y espectadores.
Confirmó así la cartera de las comunicaciones la Resolución 1747 del 19 julio de 2021 en todas sus partes.
Así mismo, dictó el Ministerio la liquidación del contrato a través de una decisión contra la que no procede recurso alguno y que además establece la inhabilidad a todos y cada uno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Robert Gómez; ICM Ingenieros SAS, representada por Herles Ariza; Intec de la Costa SAS, representada por Hugo Canabal y Omega Building, representada por Rafael Romero.
Finalmente, ordenó el Mintic comunicar el resultado del proceso a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, al supervisor del contrato y la interventoría.
