Son al menos 25 años de escuchas ilegales los que se cumplen en Colombia con la revelación esta semana de las nuevas ‘chuzadas’ desde dependencias militares contra magistrados, opositores y periodistas.
Cualquier persona en el país puede ser objeto de estos seguimientos irregulares, como lo evidenció desde 2018 la organización de expolicías que cobraba hasta $30 millones por ‘chuzar’. Sin embargo, los jueces de las altas cortes, los opositores del gobierno de turno, los periodistas investigativos, los activistas y los negociadores de paz son las víctimas más frecuentes de las interceptaciones desde instalaciones estatales.
No obstante, desde cualquier lugar, incluyendo un pequeño restaurante en un tranquilo barrio de cualquier ciudad, como se vio en la Operación Andrómeda de 2014 con el hacker, pueden dirigirse las ‘chuzadas’ a teléfonos, correos y redes sociales.
Y las investigaciones, hasta ahora, según las víctimas consultadas por este diario, llegan hasta los funcionarios responsables de cierto nivel pero casi nunca alcanzan a sus máximos determinadores.
Cidh, preocupada
Tras todo lo ocurrido con las nuevas ‘chuzadas’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, dijo estar preocupada por estos hechos y pidió al Gobierno investigar a fondo y de manera independiente todo este episodio.
La entidad del sistema interamericano puso de presente que el uso de interceptaciones debe estar establecido en la ley de manera clara, previa autorización judicial y debe limitarse a la investigación de delitos graves: 'La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas'.
La OEA por su parte, adivirtió que los capítulos de ‘chuzadas’ que ha tenido el país no han avanzado de la manera debida: 'Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud; en cuanto a la Operación Andrómeda no se registraron resultados hasta la fecha'.
Los demás ‘chuzados’
La otra red de interceptaciones ilegales aparentemente desmantelada en 2018, que se conoció por haber ‘chuzado’ a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, tras el paro de los pilotos, también habría escogido seguir de manera irregular al expresidente Juan Manuel Santos, a los políticos opositores Gustavo Petro, Roy Barreras y el barranquillero Armando Benedetti, a los exnegociadores general (r) Óscar Naranjo y Humberto De la Calle, y a numerosos magistrados de todas las altas cortes.
El objetivo de la red de ‘chuzadas’ en esta carpeta en específico era investigar el perfil financiero de cada víctima, con el objetivo de hacer denuncias y ataques. Buscando bienes y cuentas en el exterior, y cuentas y movimientos bancarios. Y en su momento por estos hechos fueron capturados el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza; Carlos Arenas, exjefe de prensa de la Policía, además de ex integrantes del Ejército y exmiembros de la Fiscalía.
Los micrófonos
La Fiscalía tiene a buen recaudo las pruebas entregadas esta semana por la Corte Suprema sobre los micrófonos hallados en los despachos asignados al magistrado César Reyes, investigador del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos contra Iván Cepeda. Sin embargo, la caja de compensación Compensar dijo que los micrófonos encontrados en las oficinas de Reyes y su magistrado auxiliar eran de su propiedad y se instalaron cuando hace un año atrás allí funcionaban dependencias de salud de la caja. El máximo tribunal de la justicia ordinaria emitió un comunicado rechazando lo sucedido y pidiendo investigaciones: 'Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana'.
Lo militar
En medio de las pesquisas que se llevan por los presuntos nexos entre el expresidente Uribe y el hacker Andrés Sepúlveda- del escándalo de las ‘chuzadas’ de Andrómeda’ durante la campaña presidencial de 2014, la Corte Suprema allanó el Cantón de Comunicaciones del Ejército el pasado 18 de diciembre y ordenó escuchar en declaración al teniente coronel Milton Rozo, comandante del batallón; el mayor Eduardo de la Torre; el teniente Jamid González; el teniente Luis Trujillo; la teniente Aura Páez; el capitán Luis Moreno; el capitán Heisen Trujillo; el capitán Alarcón; el sargento Helman Morales; el sargento Carlos Jaramillo; el sargento Pedro Lagos; el sargento Javier Eduardo Ramírez y el sargento Mario Sánchez.
Al mismo tiempo, Roy Barreras aseguraba, sin dar los nombres, que dos coroneles eran los encargados de hacer los seguimientos irregulares a los políticos: 'Tenemos claro que dos coroneles, uno de ellos activo y otro en reserva, han sido los operadores de estos equipos. Conocemos los nombres, los hemos suministrado a las autoridades y no los hacemos públicos para no entorpecer más la investigación'.
Por el nuevo escándalo de las ‘chuzadas’, revelado por la revista ‘Semana’, es investigado el excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, quien ya tenía encima otras pesquisas penales por presuntos ‘falsos positivos’ en la brigada que encabezaba en Cesar y La Guajira entre 2004 y 2006 y por supuesta corrupción en la brigada que comandaba en Medellín entre 2012 y 2018.
El alto oficial, en un comunicado, aseguró no obstante que no tenía nada que ver con los señalamientos: 'Me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas (…). Jamás he dado orden alguna contraria a la Constitución y la ley', y anuncia acciones legales: 'Agotaré los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido'.
Lo político
Como receptor de la información de las interceptaciones ilegales fue señalado un político de la colectividad uribista del Centro Democrático, que según 'fuentes' del noticiero televisivo Noticias Uno correspondería al exviceministro Rafael Nieto.
Sin embargo, Nieto dijo a este diario que ello faltaba a la verdad y también anunció recursos legales: 'Yo no he recibido ninguna información en relación con ‘chuzadas’ o interceptaciones legales o ilegales, no solo por parte de inteligencia sino por parte de cualquier miembro de la fuerza pública, militar o policía, y nunca he hablado del tema con absolutamente nadie'.
El Gobierno
Desde el Gobierno el propio presidente Iván Duque, el sábado de la semana pasada anticipaba el escándalo: 'Aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la fuerza pública que atente contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre todos los comandantes. (…) Tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser unas Fuerzas Militares honorables y al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares'.
A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, puso en duda la propia ocurrencia de los seguimientos anómalos: 'Yo no sé si hubo o no ‘chuzadas’, esa verdad institucionalmente no está establecida. (…) Cuando me preguntan en qué momento se tuvo conocimiento de los hechos, dije que en concreto habíamos tenido conocimiento de los hechos con la publicación que hizo la revista'.
Las víctimas
El presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar -que estaría entre las nuevas víctimas de ‘chuzadas’, que fue objeto del espionaje ilegal del DAS y que representa a la contraparte de Uribe ante la Corte-, Reynaldo Villalba, le dijo a EL HERALDO que los organismos del Estado 'se han instrumentalizado para perseguir al opositor, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, cuando esa no es la labor institucional que deben asumir, (…) no nos podemos acostumbrar a que son normales, consideramos que la Fiscalía debe asumir una investigación a fondo y no quedarse con quienes hicieron las ‘chuzadas’ sino también ir hasta quienes ordenaron y quienes se están beneficiando'.
Así mismo, pidió reformar la justicia para poder llegar hasta los 'máximos responsables' de estos seguimientos: 'Aquí hay altos responsables que han ordenado este tipo de labores criminales y cuando las entidades no funcionan dejan en la impunidad las conductas de presidentes o expresidentes, y la justicia necesita reformas profundas pero no las que propuso Santos y menos las que propuso Duque, sino que por ejemplo el presidente no pueda nominar la terna a fiscal y eliminar el fuero que cobija a ciertas dignidades del Estado'.
Finalmente, advierte que las ‘chuzadas’ del DAS y las de Andrómeda han quedado en la impunidad porque se quedaron en condenas de funcionarios hasta cierto nivel: 'Si bien es cierto que hay como 30 funcionarios del DAS que fueron condenados, también es cierto es que hay otros funcionarios que no lo fueron y que ocupan altos cargos en la administración pública y hasta tienen cargos de cuidado de víctimas, y los máximos responsables no fueron sancionados ni investigados. Extrañamos por ejemplo que la Comisión de Acusaciones haya paralizado las investigaciones contra el expresidente Uribe, eso es una denegación de la justicia. (…) Y en Andrómeda hay personas condenadas, pero lo cierto es que igual que en las otras situaciones no se llega hasta los máximos responsables'.
Las otras ‘chuzadas’
Las interceptaciones ilegales recientes en el país se remontan a más de una década atrás, cuando se destapó el escándalo de las ‘chuzadas’ del extinto DAS en 2009, también contra magistrados, opositores, periodistas y activistas, perpetradas desde el organismo entre 2003 y 2005 a través del grupo denominado G3.
Por este escándalo, el expresidente Juan Manuel Santos decretó en 2011 la desaparición del DAS, tras casi 60 años de existencia como institución colombiana.
Entre los exfuncionarios de la extinta agencia de inteligencia estatal que fueron condenados figuran, además de los exdirectores María del Pilar Hurtado y el samario Jorge Noguera, el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, el exjefe de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos; el exjefe de Inteligencia Fernando Tabares y el exsubdirector José Miguel Narváez.
El caso de Hurtado es especialmente recordado en medio de toda esta trama porque se mantuvo prófuga de la justicia durante cuatro años hasta que se entregó voluntariamente en febrero de 2015 por la amenaza del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de retirarle el asilo político que su antecesor Ricardo Martinelli le había otorgado a la exdirectora del DAS en el istmo.
Hurtado fue condenada en 2015 a 14 años de cárcel y en 2017 Noguera fue sentenciado a siete años de prisión por las ‘chuzadas’, seis años después de haber sido condenado también el exfuncionario samario por el asesinato del profesor cienaguero Alfredo Correa de Andreis. El secretario presidencial Moreno, por su parte, recibió una pena de seis años.
También fue llamativo en medio de todo esto el papel que jugó la exdetective del DAS, Alba Luz Flórez, quien fungió como 'señora de los tintos' para poner grabadoras en la sala de la Corte Suprema. Luego, durante el gobierno de Santos II, en 2014, estalló el escándalo de la Operación Andrómeda, como se le llamó a las labores de interceptación ilegal contra los exnegociadores de paz de La Habana.
La ‘central de inteligencia’ era manejada esta vez por el hacker Andrés Sepúlveda y su sede era el segundo piso de un restaurante en el sector comercial capitalino de Galerías. Sepúlveda trabajaba además para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, opositor uribista de Santos, y dijo que desde el CD le pidieron hacer las ‘chuzadas’, pero en febrero pasado la justicia desestimó estos señalamientos y fue absuelto por estos hechos el enlace con el partido, el exasesor ‘espiritual’ Luis Alfonso Hoyos.
Y en septiembre de 2018 otras ‘chuzadas’ salieron a la luz pública: se trataba de una organización criminal dedicada a vender interceptaciones ilegales a quien las pagara y que funcionaba en empresas fachada en Cali, Bogotá e Ipiales, Nariño. Los imputados por estos hechos los encabeza el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, y también figuran otros tres expolicías.
El costo de una ‘chuzada’ a la víctima ascendía hasta los $30 millones y este es el caso en que fueron víctimas la Acdac, otra vez varios políticos opositores, magistrados, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y a abogados como Jaime Lombana e Iván Cancino.
En medio de la Ley de Justicia y Paz y la reelección presidencial en 2006, se reveló en 2007 que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se venía interceptando de manera irregular a opositores y periodistas, lo que originó la salida de 14 generales y fue nombrado el general (r) Óscar Naranjo como nuevo director, ahora paradójicamente víctima también de las ‘chuzadas’ pagas de Guatibonza y compañía.
