Pasa a justicia ordinaria caso contra 15 militares por muerte de 3 wayuu
La Procuraduría denunció la pérdida del expediente, así como los 20 años de dilación en el caso y por ello se opuso a que lo llevara un juez penal militar.
El Tribunal Militar y Policial envió a la Fiscalía el proceso adelantado contra 15 militares señalados de los crímenes de tres indígenas wayuu, en hechos registrados en la ranchería Atnamana, en Maicao, La Guajira, el 16 de mayo del 2000.
La decisión fue adoptada al resolver un recurso de apelación instaurado por el procurador 265 judicial penal de San Juan del Cesar, La Guajira, quien se opuso a la prescripción del proceso decretada por el juez 98 de Instrucción Penal Militar, por considerar que este no tenía competencia para conocer el expediente y adoptar esa medida.
En el fallo, los magistrados del tribunal señalaron que en la investigación no está acreditado que los hechos hubiesen ocurrido en desarrollo de una misión o tarea específica atribuible a las funciones del Ejército Nacional, por lo cual ordenaron su remisión a la justicia ordinaria y dejaron sin efecto la prescripción ordenada por el juez penal militar.
“Existe duda si la muerte de los indígenas Andrés Pushaina, Juvenal Pushaina y Alejandro González se dio en el marco del cumplimiento de una tarea, objetivo, menester o acción necesaria para el cumplimiento de la función que constitucional y legalmente le corresponde al Ejército, con mayor razón, cuando como es sabido, las comunidades indígenas y tribales gozan de un amparo de protección especial y reforzado en el ordenamiento jurídico interno y supranacional”, se lee en la decisión.
En la misma providencia se compulsan copias a la Procuraduría y a la Justicia Penal Militar para que investiguen disciplinaria y penalmente, de acuerdo con sus competencias, la pérdida del expediente, pues, aunque el caso avanzó en sus etapas preliminares durante los primeros cinco años, diez años después fue reportado como perdido.
“Posteriormente, el despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una parte, lo que llevó a que transcurrieran 20 años sin que se adoptara una decisión de fondo sobre los posibles involucrados”, advierte el ente de control disciplinario.
Por ello, el Ministerio Público señaló que esa situación originó que se vencieran los plazos para resolver la investigación, por lo que resultaba desproporcionado que se decretara su prescripción: “Las actuaciones de la Justicia Penal Militar en este caso han puesto en peligro las más básicas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de estos hechos, constituyéndose en un atentado contra los derechos humanos”.
