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Fiscalía ordena captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Además le fue impuesta medida privativa de la libertad por irregularidades en la contratación durante su período 2004-2007.

El Fiscal General de la Nación anunció que fue emitida una orden de captura contra Anibal Gaviria por anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007. 

Los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras irregularidades.

El fiscal Francisco Barbosa señaló que un delegado de la entidad resolvió ante la Corte Suprema de Justicia, la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Barbosa agregó que “la decisión fue comunicada el día de hoy (viernes) al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”.

Entre los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El Fiscal manifiesta que el encargado de la investigación encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. “Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”, dice el Fiscal General.

La Fiscalía informó por medio de comunicado, que también se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros.

“Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”, señala la misiva.

El ente acusador explica que una de las adiciones representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

“Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, precisa.

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