El horror por cuenta de la guerra que crece sin control en Colombia

Tan solo hasta el 30 de noviembre, según cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, 199 líderes sociales fueron asesinados. Asimismo, de acuerdo con Indepaz, 43 excombatientes perdieron la vida por culpa de la guerra en diferentes departamentos del país a manos de grupos criminales.

El departamento con mayor número de asesinatos de los defensores fue Nariño, con 33 casos, seguido de Cauca con 25, Putumayo (20), Antioquia (20), Arauca (12), Valle del Cauca (11), Bolívar (9), Santander (9), Chocó (7), Tolima (7), Caquetá (6), Cesar (4), Santander (4), Meta (4), La Guajira (3), Sucre (3), Córdoba (3), Huila (3), San Andrés (2), Magdalena (2), Boyacá (2), Risaralda (2) y  Bogotá (2), mientras que Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportaron un caso cada uno.

Las masacres –94 en total– también han estado a la orden del día en un año donde la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro no tiene brújula en el Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cauca y los Montes de María, los territorios donde las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo han intentado mantener un control social a punta de bala.

El último caso se registró en Puerto Gaitán, Meta, donde tres jóvenes fueron asesinados por un grupo de hombres armados.

Lo anterior puede explicarse en el dominio –cada vez mayor– de las organizaciones al margen de la ley en los municipios colombianos. Tan solo entre 2016 y 2021, el Clan del Golfo ha ratificado su dominio en 131 municipios, de ellos 44 pertenecen al departamento de Antioquia, veintitrés a Córdoba, veintiuno a Chocó y doce a Sucre.

Asimismo, de acuerdo con Indepaz, entre 2017 y 2021 los grupos post-Farc han consolidado su actividad en zonas de 60 municipios.

“36 se encuentran dentro de los procesos de expansión, tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas armadas (legales e ilegales); 108 presentan presencia ocasional, veintiuno de los cuales fueron registrados por primera vez en 2021”, explica la organización.

Además, según  el CICR, en 2022 se documentó un incremento del 43 % con respecto al mismo periodo de 2021 entre las víctimas de artefactos explosivos (377), la mayoría (el 53 %) civiles.

“El desplazamiento y el confinamiento también crecieron: 29.729 personas se desplazaron de forma masiva (en 2017 fueron 14.594) y 19.210 permanecieron confinadas por las acciones de los actores armados; el 57 % de estas en Chocó, uno de los departamentos más castigados”, explicó el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En los Montes de María, pleno corazón del narcotráfico, los cultivos de coca y la minería ilegal de la región Caribe, el Clan del Golfo sigue ganando poder e inclinando la balanza a su favor en detrimento de los objetivos del Eln, su grupo rival por la tierra.

“Desde 2020 las organizaciones campesinas han denunciado la presencia y reorganización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las AGC o Clan del Golfo, como las denomina el gobierno, son el actor armado ilegal hegemónico en la región. Los hombres de esta organización patrullan en veredas, dan órdenes a las comunidades, queman viviendas y vigilan cada movimiento. Su poderío se hizo evidente en el paro armado de cuatro días que decretaron en mayo y se sintió en una docena de departamentos, pero con especial fuerza en esta zona”, explicó la Liga Contra el Silencio en un informe reciente sobre la violencia en el país.

Lo que pasa en la región Caribe solo es un reflejo de la guerra específica que se vive en cada región del país. La violencia actual, según académicos y expertos en este tipo de problemáticas, no se puede ver de una manera lineal. Cada departamento tiene sus características propias de violencia como los actores armados involucrados.

Por ejemplo: si en la Costa Caribe el control es ejercido por las Autodefensas Gaitanistas, en Norte de Santander, la Segunda Marquetalia mantiene su dominio y lucha contra otros grupos residuales. Por otro lado, en Putumayo, Comandos de la Frontera y el frente Carolina Ramírez, ambas disidencias, son los grupos que se han encargado de elevar la ola de violencia.

 “Ya nadie está luchando por tomarse el poder. Estos grupos, por lo general, se defienden de la acción estatal, no están a la ofensiva (contra el Estado), salvo lo que ocurrió durante el paro armado de las AGC, que se sintió especialmente en Sucre y Bolívar. Ahora las guerras son regionales”, explicó el académico Luis Fernando Trejos.

En total, la violencia se ha intensificado en doce zonas de Colombia: los Montes de María, el sur de Bolívar; el occidente antioqueño, el sur del Chocó, el Bajo Calima, el Medio y Bajo Atrato, el Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, el Pacífico nariñense, el sur del Cauca, Catatumbo, el Caguán, Yarí, el Ariari, el Bajo Putumayo, el piedemonte araucano, el Nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el Sur de Córdoba, según la JEP.

Además, la guerra entre el Clan del Golfo y los Pachenca ha dejado a miles de familias damnificadas en  la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cabe recordar que en abril, según la Defensoría del Pueblo, más de 700 personas tuvieron que huir de sus hogares hacia el municipio de Ciénaga por este conflicto. En ese entonces, la entidad reveló que en el grupo había 30 mujeres en estado de embarazo o madres lactantes, cerca de 300 menores de edad, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus estudios,  y 116 personas con enfermedades de base.

“Uno de los grandes retos que tenemos en Colombia es cómo fluctúa el contexto. En una semana puede haber unas circunstancias en la que dos grupos armados aparentemente tienen un acuerdo tácito de no agresión, y la semana siguiente están enfrentándose en la misma zona”, explicó Mariana Chacón, coordinadora de la Unidad Jurídica del CICR.

Todo lo anterior ha generado serios cuestionamientos sobre la iniciativa de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, que hasta ahora solo ha logrado sentarse en una mesa de diálogo con el Eln; sin embargo, el grupo guerrillero, hasta antes de Navidad, seguía cometiendo acciones en contra de la comunidad civil.

“Creo que es un momento de zona gris y de incertidumbre. Falta claridad, hay mensajes contradictorios y la preocupación pasa por saber cuál es el tratamiento que se dará a los distintos grupos”, señaló Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP.

“A pesar de que el nuevo gobierno trabaja para lograr la ‘paz total’, esta no es una política de seguridad efectiva, es una negociación, es necesaria una estrategia definida para proteger a los líderes sociales en todo el país”, agregó Ángela Olaya, cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), en un estudio de Insight Crime.