Cuatro ciudades del Caribe, con el mayor hacinamiento en centros de detención
La Defensoría pide solución urgente a crisis humanitaria en estos espacios. Jefe del organismo insiste en la necesidad de adelantar una reforma al sistema penitenciario y carcelario del país.
La Defensoría del Pueblo presentó este jueves un informe en el que expone la situación actual de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y alertó sobre la grave situación humanitaria de estos espacios.
El documento da cuentas que las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria en el país son: Bucaramanga con 835.6 %, Santa Marta con 590 %, Bogotá con 553.4 %, Cúcuta con 491.4 %, Riohacha con 333.7 %, Medellín con 293.3 %, Cali con 274.3 %, Valledupar con 268 % y Maicao con 208 %.
Durante la presentación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió solucionar de manera urgente la crisis y reafirmó el pedido de una reforma al sistema penitenciario y carcelario.
La problemática de hacinamiento, según el organismo, se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el covid-19, es por ello que en marzo de 2020 el Inpec tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles, esto produjo que la problemática histórica del hacinamiento se trasladara a los centros de detención transitoria (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía).
Antes del cierre decretado, el hacinamiento en los centros que administra el Inpec era de 51.49 %, lo que representa una sobrepoblación de 41.670 personas privadas de la libertad.
“Al 30 de marzo de 2022, la cifra de hacinamiento en estos establecimientos alcanzó un 20 %. Si bien en principio una reducción de un 30 % debería ser considerado un logro mayúsculo, lo cierto es que el grave problema de hacinamiento hoy en día se trasladó a otro escenario: los centros de detención transitoria”, señaló la Defensoría.
Entre tanto, el defensor Camargo indicó que las cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad.
“Esto genera constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, señaló Camargo.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado “urgente” a que todas las entidades públicas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario tomen las medidas necesarias de manera oportuna para obligar a que los centros de detención cumplan con su estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente.
