“Habrá más implicados en el caso Navelena”: Contralor
El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo a EL HERALDO que se estudia abrir una indagación por anomalías en el puente Pumarejo.
Esta semana el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, cumplió 100 días al frente del ente de control fiscal.
Reportó en la rendición de cuentas que el resarcimiento al patrimonio del Estado alcanza en los últimos tres meses un total de $308.129 millones, al sumar al recaudo de cobro coactivo por $204.908 millones –de 2018 a agosto de 2022 fue de $245.432 millones–, el resarcimiento en responsabilidad fiscal por $13.285 millones y los títulos de depósito judicial en trámite de redención por $89.936 millones.
EL HERALDO habló con el titular del organismo de control fiscal con ocasión de su arranque en la entidad, poniendo el énfasis en los temas de mayor importancia para la región Caribe y también del resto del país.
¿Cuáles son los resultados de la auditoría de cumplimiento que se le realizó a las obras del puente Pumarejo?
Durante la auditoría de cumplimiento realizada a Invías, la Contraloría configuró cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, que fueron oportunamente trasladados a la Procuraduría General de la Nación y un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $25.296 millones, por el pago y no puesta en servicio del sistema de iluminación del puente y del sistema de instrumentación y monitoreo estructural del mismo, el cual fue oportunamente trasladado a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal.
¿Y se va a abrir proceso de responsabilidad fiscal en este caso?
Actualmente se están valorando los antecedentes para iniciar una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal si es el caso.
¿Cómo va el proceso en contra del alcalde de Malambo por el caso Ptar?, ¿cuándo se conocerán los resultados?
Este es un proceso recién abierto, por lo que se encuentra en etapa probatoria y tiene reserva procesal. Vale la pena aclarar que la Contraloría General de la República se encarga de determinar la responsabilidad de aquellos que administran recursos públicos cuando se evidencia un daño al patrimonio. El fin último es el resarcimiento del daño causado.
¿Qué viene ahora en el proceso de Navelena?
La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional los hechos por los cuales se abrió proceso de responsabilidad fiscal por la no utilización de estudios y diseños recibidos y pagados por Cormagdalena a Navelena S.A.S en liquidación, para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.
¿Quiénes son los investigados en este expediente?
Se vincularon como presuntos responsables a los funcionarios que han ejercido el cargo de director ejecutivo de Cormagdalena durante el periodo 2017 a 2022: Alfredo Varela De La Rosa, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, Luis Fernando Andrade, en calidad de encargado; Lucas Ariza Buitrago y Pedro Pablo Jurado Durán.
¿Y puede haber más implicados?
En este momento se están practicando pruebas dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y pronto habrá nuevas vinculaciones a ese proceso que se viene adelantando.
¿Cómo ve la propuesta de subsidiar parte del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, con recursos de la salud?
Para la Contraloría General de la República existe la preocupación acerca del debilitamiento de las finanzas públicas, debido a la medida de apalancar los gastos de adquisición del Soat por parte de particulares con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por el orden de aproximadamente dos billones de pesos. No obstante, se espera que el gobierno logre con esta medida el objetivo de mejorar la cobertura de este seguro para los motociclistas.
¿Y cómo ven el tema de la evasión con el Soat?
Es necesario también que, así mismo, el Gobierno despliegue los mecanismos necesarios para combatir la evasión en materia de este seguro, con el fin de que el sistema se haga sostenible.
¿Qué va a vigilar la Contraloría en este subsidio a parte del Soat?
La Contraloría General de la República estará atenta para hacer el seguimiento pertinente a esta gestión, con el fin de vigilar los usos y resultados, previniendo los riesgos y el posible detrimento al patrimonio del Estado.
¿Frente a la crisis de las EPS, cuál considera la Contraloría que es la mejor salida?, ¿eliminarlas, según han sugerido sectores del Gobierno?
La Contraloría General de la República, en su función de vigilar y de hacer el seguimiento al uso, al flujo y a la destinación de los recursos públicos, no deja de tener la preocupación frente a los riesgos potenciales implícitos en la reforma al Sistema de Salud que se pretende por parte del Gobierno nacional. Por tanto, como es su obligación, este ente de control estará atento a identificar de manera precoz los riesgos que puedan surgir al realizar un cambio estructural al sistema, acerca del cual se espera que exista de parte del Gobierno nacional la mayor certeza posible acerca de lo que se va a lograr con la reforma.
¿Cómo van a prever los riesgos en este asunto?
Dentro del plan anual de vigilancia fiscal, se tendrá muy en cuenta el fortalecimiento de los mecanismos y de los procesos de auditoría para estar atentos a las modificaciones que se lleven a cabo dentro del sistema, determinando los posibles cambios de los sujetos de control y hacia dónde se tendrá que dirigir el foco de atención para prever los riesgos de posibles daños o pérdidas del patrimonio del Estado, en materia del flujo y de la aplicación de los recursos del sector salud.
“Hay una ineficaz gestión del Estado para salvaguardar la vida de los niños de La Guajira”:
La Contraloría General de la República informó en el balance de los primeros 100 días de la nueva administración que le puso el ojo a un eventual riesgo de detrimento patrimonial por más de $104 mil millones en el departamento de La Guajira.
Esto al auditar 22 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por la suma de $504 mil millones, de los cuales cinco proyectos corresponden a recursos de los OCAD Paz, en municipios como Barrancas, Manaure, Hatonuevo, Maicao, Fonseca y Dibulla.
“Entidades como la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured; Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del municipio de Dibulla S.A ESP; Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A., Edubar S.A.; Acueducto Alcantarillado y Aseo de Uribia S.A.S E.S.P y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpoguajira, son sujetos de seguimiento en este ejercicio auditor que contempla la revisión de proyectos en los sectores de vivienda, ciudad y territorio; ambiente y desarrollo sostenible; transporte; agricultura y desarrollo rural o educación”, se lee en el reporte.
El ente de control agregó que es importante señalar que se están realizando mesas de trabajo con la administración, los contratistas y los interventores de algunos proyectos de la actuación especial de fiscalización con el fin de llevar estos proyectos a Compromiso Colombia y poder generar un beneficio de control fiscal y que los proyectos se ejecuten en su totalidad.
Desnutrición
Paralelamente, la delegada para la Población Focalizada llamó la atención por la ineficaz e ineficiente gestión del Estado colombiano para salvaguardar la vida de los niños y niñas de los grupos étnicos, dado el aumento de la desnutrición y de la mortalidad entre menores de cinco años, por el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, la baja ejecución presupuestal y la prevalencia de estos indicadores en departamentos como La Guajira.
En este sentido, indicó la entidad que a junio de 2022 los acuerdos que benefician a la niñez étnica presentan un avance promedio apenas del 48 %, lo que denota un incumplimiento generalizado de las metas previstas y refleja un bajo desempeño del Gobierno nacional en la atención que requiere esta población.
“El 58 % de las muertes por desnutrición en menores de 5 años se concentran en niños con pertenencia étnica, siendo principalmente la población infantil indígena la más afectada, con el 53 % de los casos. Del mismo modo, el 22 % de los casos de desnutrición en menores de 5 años se registran en la población étnica, con prevalencia en la población indígena que concentra el 17 % de estos casos”, advirtió la Contraloría.
