Colombia falla en protección a migrantes venezolanas: Amnistía Internacional

Según AI, la mayor vulnerabilidad de este grupo ante situaciones de violencia se debe a la perniciosa amalgama que engendran su estatus migratorio, la xenofobia, los roles de género preestablecidos socialmente y los estereotipos de hipersexualización hacia estas mujeres.

El estudio alude a la violencia que afrontan en el espacio público, tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de acogida; en el ámbito familiar, a través de violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas; y en el entorno laboral, donde sufren también explotación, incluida la explotación sexual.

En Colombia, el Sistema Integrado de Violencias de Género (SIVIGE), reportó 122,758 casos de violencia basada en género en 2020; 58,904 violencia física; 31,635 violencia sexual; 18,967 negligencia y abandono; 9,782 violencia psicológica.

A pesar de los altos niveles de subregistro, la violencia basada en género contra las mujeres refugiadas ha aumentado. Las cifras de casos en este aspecto pasaron de 166 casos reportados en 2017, a 2,430 en 2018 y 4,165 en 2020.

“El 80.89 % de los casos de violencia en contra de mujeres venezolanas en 2020 ocurrieron en la vivienda, el 11.50 % en la vía pública y 7.6 % en otros espacios”, señala el informe.

Destaca que el 24.1 % de las mujeres ha experimentado discriminación o ha sido injustamente tratada por ser venezolana refugiada. De ellas el 58.8 % manifiesta que esa violencia la ha sufrido en la calle.

La investigación también se detiene a analizarla violencia laboral contra mujeres refugiadas venezolanas. Los números indican que el trabajo informal es “alto”.

En el país, entre diciembre 2021 y febrero de 2022, el 48 % de la población en edad laboral lo hace en el sector informal, de este universo el 42.7 % son mujeres.

Por otra parte, el 82 % afirma haber tenido dificultades en la obtención de trabajo remunerado. De esa cifra, solo el 16 % cuentan con un contrato escrito, frente al 84 % que refieren tener un contrato verbal.

“Las mujeres venezolanas en Colombia tienen una carga de trabajo (no remunerado) en el hogar superior a las colombianas. El 46.7 % de las mujeres venezolanas migrantes ocupadas y el 53.1 % de las no ocupadas declaran dedicar al menos 20 horas semanales al cuidado de niños y niñas en comparación con el 35.3 % y 30.6 % de las ocupadas y las no ocupadas colombianas”, dice AI.

“En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de las mujeres venezolanas no se aplica (...) y al final del día sus derechos están siendo violados”, resume en una entrevista con Efe Clara del Campo, encargada de campañas de AI para Suramérica.

Sobre el rol del Estado, AI desvela múltiples fallas. Por un lado, señala la falta de acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria como un primer y “significativo” obstáculo para la protección del resto de los derechos de mujeres refugiadas venezolanas.

Y, por otro lado, denuncia la poca o nula disponibilidad de albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género, de información estadística adecuada y, sobre todo, de garantías a un acceso sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud.

En ese sentido, el informe sostiene que la carencia de regularización migratoria provoca en las mujeres migrantes y refugiadas “la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por tanto, no pueden exigirlos ante las instituciones, o que al hacerlo correrían el riesgo de ser deportadas a su país”.

Por todo esto, el informe de AI concluye que el Estado colombiano “claramente no cumplen con su obligación” de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.