Colombia 2020: Estallido social y terremoto político en era Covid
El 2020, en cuanto a noticias nacionales y políticas, fue el año de la orden de captura a un expresidente y del Congreso virtual.
1. La captura dictada al expresidente Álvaro Uribe
La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó en un comunicado que mediante una decisión del pasado lunes 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria al expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Precisaba el alto tribunal que el líder del Centro Democrático, que en ese momento se encontraba en su finca de ‘El Ubérrimo’, cumpliría la privación de la libertad en su residencia “y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.
Aseguraba la Corte que la providencia fue adoptada “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos”.
Dos meses después, el 10 de octubre pasado, la juez 30 de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, le otorgó la libertad inmediata al exmandatario, acogiendo la petición presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe Vélez.
Y el juez 4 Penal del Circuito de Bogotá confirmó en segunda instancia, el pasado 6 de noviembre, la libertad del expresidente, pero lo declaró imputado por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El 27 agosto fue elegida en la primera plenaria presencial del Senado de este año, como la primera mujer procuradora general, la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, quien expuso que “la función preventiva y el control de gestión los fortaleceremos. Hay que modernizar la lucha contra la corrupción”.
En una decisión del 21 mayo, la Corte Constitucional concedió la doble instancia al exministro Andrés Felipe Arias. Al respecto, el presidente del alto tribunal, Alberto Rojas Ríos, explicó que se dispuso “el amparo del derecho fundamental al debido proceso y el ciudadano podrá impugnar su sentencia”.
A mediados de junio, durante la presentación del Informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia 2019, el presidente Iván Duque reveló que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, y el Gobierno nacional, registraron que Colombia tuvo una reducción del 9% en el área sembrada con coca, pasando de 169 mil hectáreas en 2018 a 154 mil en 2019. El jefe de Estado indicó que, en la región Caribe, el departamento de Bolívar redujo su área sembrada en un 7,5%.
A finales de julio los excomandantes de las extintas AUC, Salvatore Mancuso, y las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, conversaron telefónicamente sobre la posibilidad de que el exparamilitar, extraditado a los Estados Unidos y cuyo envío a Colombia está enredado en trámites jurídicos, pudiese entrar a la JEP y contar asuntos que afirma no contó en Justicia y Paz. Entre tanto, el 28 septiembre Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte, regresó deportado a Colombia desde el país norteamericano, pidiendo también poder entrar a la justicia transicional.
A principios de diciembre la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, entre los que se encuentran Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria. Esto “como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control”. Indicó el ente de control que este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.
Unos meses antes se registró una renuncia masiva en la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, EPM, tras una demanda que presentó la empresa, liderada por el alcalde Daniel Quintero, contra los constructores por $9,9 billones.
El 14 enero la Fiscalía declaró el crimen del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero como delito de lesa humanidad y agregó que su muerte estuvo inmersa en la ola de asesinatos generalizados contra un grupo de miembros de la Universidad del Atlántico que denunciaban, sobre todo, la entrada de las AUC en la alma mater, en medio de un plan sistemático en el que participaron los paramilitares en connivencia con la fuerza pública. Meses después, el Estado pidió perdón por lo ocurrido pero la familia no lo aceptó.
En abril, un mes después de su habitual inicio de sesiones, el Congreso empezó a sesionar de manera virtual por la pandemia. Un posterior fallo de la Corte lo obligó a legislar de manera presencial y mixta.
El 25 octubre fue abatido el tercer cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Vanegas, alias Uriel, en zona rural de Nóvita, Chocó. Uriel era señalado por el atentado a la Escuela General Santander
El 31 de octubre, el tres veces candidato presidencial por el Partido Liberal, el fiel escudero del expresidente Ernesto Samper durante los ataques más recios por el Proceso 8.000, el político con sentido social y el hombre de paz de la Constituyente, Horacio Serpa Uribe, falleció a la edad de 77 años, aquejado de un cáncer con el que batalló varios años. Serpa ocupó cargos en todos los poderes pero no pudo ser presidente.
El 6 febrero murió John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el sicario más sanguinario del también extinto capo Pablo Escobar. Confesó haber participado en al menos 3 mil asesinatos y falleció por un agresivo cáncer de estómago, tras pagar una veintena de años de cárcel.
En distintos momentos, la Farc afirmó haber perpetrado tanto el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado como el atentado contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Por el primer crimen se armó una polémica que escaló a nivel presidencial, pues en el Gobierno no le creen a la desmovilizada guerrilla tras los señalamientos que hay en contra del expresidente Ernesto Samper en este caso. “Reconoceremos los dos atentados que las Farc ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras”, le escribió Timochenko al expresidente Juan Manuel Santos en el otro caso.
La entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, informó que en la noche del 21 de marzo en amotinamientos de la Cárcel La Modelo de Bogotá, en protesta por las condiciones de bioseguridad, hubo 24 privados de la libertad muertos y 76 heridos. Además, entre los guardianes se reportaron 31 lesionados. “Hubo un plan de fuga y motines en varias cárceles del país”, dijo la funcionaria en su momento. Un informe de expertos forenses a petición de Human Rights Watch reveló en noviembre que "las muertes de detenidos habrían sido intencionales" y que “la mayoría de las heridas de bala descritas en la necropsia son consistentes con intención de matar”.
El 20 de febrero el expresidente Ernesto Samper se presentó ante la Comisión de la Verdad y dijo que el crimen de Álvaro Gómez fue perpetrado por “derechistas y militares”. El 11 noviembre el expresidente César Gaviria habló en la Comisión de la Verdad del narcotráfico, las Convivir, la guerra integral y la Constituyente.
El 24 de septiembre un soldado disparó su fusil en contra de Juliana Giraldo, una mujer trans de 38 años que iba con su esposo por una carretera de Miranda, Cauca. Las versiones oficiales indican que los uniformados estaban en un puesto de control, le hicieron señales al vehículo para que se detuviera y, como no frenó, dispararon. Pero la pareja de Juliana dijo que no identificaron el retén y que los disparos fueron sin razón
El 18 junio la plenaria del Senado aprobó en octavo y último debate, por 75 votos a 0, el proyecto de acto legislativo que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La reforma constitucional pasó luego de un duro debate político y jurídico. Varios congresistas de La U, el Polo, los verdes, liberales, Cambio Radical y Colombia Humana se retiraron de la sesión virtual, al considerar que el proyecto violaba la Constitución Nacional.
El 14 abril el Gobierno expidió el Decreto 546, con el que se esperaba que unos 4 mil reclusos salieran de las cárceles para evitar una propagación del coronavirus en los hacinados penales del país. El presidente Iván Duque y todo su gabinete suscribieron la disposición en el marco de la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria declarada el 23 de marzo. Fueron beneficiados con casa por cárcel transitoria los internos mayores de 60 años sin condenas por delitos graves, las gestantes, los condenados a penas de 5 años o menos y las madres de hijos menores de 3 años. Así mismo, los enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia renal y diabetes, entre otros.
El 5 de junio la Fiscalía ordenó la captura contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por supuestas anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante su primer periodo como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007. Cuatro meses después, el 16 de octubre, el Tribunal Supremo de Medellín ordenó su libertad por vencimiento de términos.
A mediados de año la presencia de unidades del Comando Sur de los Estados Unidos en el país produjo una fuerte controversia en el Congreso, donde opositores e independientes advirtieron que las operaciones de tropas extranjeras debían ser autorizadas por el Capitolio. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que la misión era para una “asesoría” en temas de narcotráfico.
Un video grabado en la noche del 8 de septiembre en Bogotá, en el que dos policías aplicaban numerosas descargas contra un indefenso taxista identificado como Javier Ordóñez –quien después fue rematado hasta la muerte en un CAI– produjo una indignación ciudadana que desató protestas en todo el país que dejaron un saldo trágico de 13 manifestantes asesinados con armas de fuego y 72 CAI afectados, 33 de ellos incinerados.
Los funcionarios destacados desde distintos frentes
Fernando Carrillo –Procurador
El saliente procurador Fernando Carrillo constituyó un importante contrapeso al Gobierno, desde los entes de control, en temas álgidos como los abusos policiales contra los manifestantes ciudadanos y los abusos sexuales de militares contra menores de edad.
José Daniel López - Representante de Cambio Radical
El representante José Daniel López, de Cambio Radical, llamó la atención desde el Congreso sobre el retraso que había en la adquisición de vacunas para los ciudadanos colombianos en medio del hasta la semana pasada desconocido plan de vacunación del Gobierno.
Carlos Camargo - Defensor del pueblo
El 14 de agosto, durante la primera plenaria presencial de la Cámara, fue elegido el exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís, como el nuevo defensor del pueblo. “Vamos a hacer una Defensoría cercana a la gente”, dijo.
Arturo Char -Presidente del Congreso
El 20 de julio el pleno del Senado eligió a Arturo Char, de Cambio Radical, como nuevo presidente del Congreso de la República. Desde el Capitolio, Char ha articulado las sesiones virtuales, presenciales y mixtas de acuerdo al mandato de la Corte.
Fernando Ruiz - Ministro de Salud
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha acometido la dura, ingrata y diaria labor de enfrentar la pandemia desde el Gobierno. El anuncio del presidente Iván Duque de la adquisición de 40 millones de vacunas para iniciar la inmunización en 2021, es uno de sus logros.
