Gobierno adelanta diálogos con comunidad para levantar bloqueos en Bajo Cauca
El ministro del Interior, Alfonso Prada, se manifestó al respecto.
Siguen los bloqueos en la vía que conecta a Medellín con la costa Atlántica, a la altura del Bajo Cauca antioqueño, por parte del gremio minero.
Los extractores reclaman que incautaciones de maquinaria realizadas por la fuerza pública no debían hacerse, pues dichos utensilios eran legítimos.
Ante lo sucedido, el secretario de la Confederación de Mineros de Colombia, Rubén Darío Gómez, hizo un llamado de atención al Gobierno a fin de respaldar a quienes ejercen dicha labor a pequeña y mediana escala.
“Lo que se reclama allí es que haya un cumplimiento por parte del Gobierno nacional y la promesa del presidente Gustavo Petro, de proteger al pequeño y mediano minero con la formalización de su trabajo, el cual debe dejar de estar relacionado con grupos al margen de la ley”, comentó.
Por su parte, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, dijo que “las protestas se adelantan por ciudadanos inconformes con la destrucción de maquinaria amarilla destinada para el desarrollo de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Cauca; actividades mineras que afectan por contaminación con mercurio dicho cuerpo hídrico”, indicó Gustavo Guerrero, procurador Delegado para Asuntos Ambientales.
A su vez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció. “Desde ayer, y con Procuraduría, dialogamos de 2 a 7 pm. Hoy desde la madrugada salió un equipo adicional del Gobierno Nacional que ya está en territorio. Agotamos el diálogo con comunidad y acompañamos nuestras FFAA en su intervención contra la delincuencia”.
Desde ayer, y con Procuraduría, dialogamos de 2 a 7 pm. Hoy desde la madrugada salió un equipo adicional del Gob Nal que ya está en territorio. Agotamos el diálogo con comunidad y acompañamos nuestras FFAA en su intervención contra la delincuencia. https://t.co/XBLHDJ0YeW
— Alfonso Prada (@alfonsoprada) September 24, 2022
Con dichos diálogos se busca acabar con las alteraciones del orden público y, según menciona el Ministerio Público, levantar los bloqueos que “dejan poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.
En dicho informe también se indicó que los manifestantes establecieron que solamente participarán en espacios de diálogo con los ministros ya citados, por lo que no solo se solicitó al Gobierno nacional su intervención, sino que además se hizo un llamado al gobierno regional y local, y demás autoridades, para “avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades”.
Los hechos se remontan al 21 de septiembre cuando, en la región entre los municipios de Cáceres y Tarazá, la comunidad tomó control de la vía pública.
