La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), presidida por Miguel Ángel Díaz, advirtió la necesidad urgente de superar los retrasos en los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, especialmente en lo relacionado con la autorización de armamento para las empresas del sector.
Esta situación cobra especial relevancia ante los planes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el marco del Plan Democracia, que requiere una mayor capacidad operativa para proteger a los candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
“Estamos ante una coyuntura crítica para el país: se avecinan elecciones presidenciales y el Estado solicita reforzar los esquemas de protección. Sin las autorizaciones necesarias, nuestras empresas no pueden cumplir con esa responsabilidad. Por eso insistimos en medidas inmediatas que permitan responder con eficacia a las demandas actuales y a los desafíos de los próximos meses”, afirmó Miguel Ángel Díaz.
Esta situación cobra mayor relevancia en el marco de las elecciones de 2026: en siete meses se llevarán a cabo las legislativas y en nueve meses las presidenciales, procesos que ya enfrentan un ambiente de riesgo. La Misión de Observación Electoral (MOE) reporta que en lo corrido de 2025 se han registrado 106 agresiones contra liderazgos políticos, entre ellas amenazas, atentados y asesinatos, siendo Bogotá, Huila y Antioquia las regiones más afectadas.
“El lamentable y rechazable asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay nos recuerda con dolor la fragilidad que hoy enfrentan los liderazgos políticos. Estos hechos demuestran que el país necesita reforzar con urgencia los esquemas de seguridad, y para ello las empresas de vigilancia privada deben contar con las autorizaciones y herramientas necesarias. No se trata solo de proteger candidatos, sino de garantizar la estabilidad democrática en un año decisivo para Colombia”, señaló Miguel Ángel Díaz.
Reunión con el nuevo superintendente
En el marco de esta coyuntura, Confevip sostuvo un encuentro con el nuevo superintendente, Larry Sadit Álvarez Morales, en el que presentó las principales preocupaciones del gremio y reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la seguridad privada como aliada de la seguridad ciudadana.
Durante el diálogo, se plantearon solicitudes concretas:
Desregulación de trámites y modernización tecnológica. El gremio solicitó a la Superintendencia eliminar procedimientos innecesarios y engorrosos que hoy generan atrasos significativos en la gestión de las empresas de seguridad privada. Confevip propuso que la entidad adopte un modelo de gobierno en línea, en el que todos los procesos puedan realizarse de manera digital, transparente y sin intervención de funcionarios. Esto permitiría reducir tiempos, evitar la congestión de solicitudes y garantizar mayor confianza en las decisiones administrativas.
Declaratoria de moratoria. Confevip planteó la necesidad de expedir una moratoria temporal que extienda la vigencia de los documentos ya otorgados a las empresas, de modo que ninguna quede inhabilitada ni incurra en incompatibilidades legales por el vencimiento de permisos que no han podido renovarse debido al atraso institucional. Esta medida garantizaría continuidad en la prestación del servicio y evitaría perjuicios a usuarios y clientes mientras se implementan soluciones de fondo en la Superintendencia.
Delegación de competencias en el control de armas. El gremio insistió en que el Departamento de Control de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) es la entidad que constitucional y legalmente tiene la competencia para manejar los temas relacionados con armamento. Por ello, solicitó que esta responsabilidad se delegue directamente al DCCAE, lo que no solo evitaría duplicidades, sino que también permitiría mayor eficiencia y especialización en un tema tan sensible para la seguridad privada y la seguridad ciudadana.
Canal de comunicación permanente. Finalmente, Confevip propuso establecer un canal directo y constante de comunicación entre el gremio y la Superintendencia, que permita dar tratamiento inmediato a las problemáticas más urgentes. Este espacio de interlocución fortalecería la cooperación institucional, reduciría los tiempos de respuesta y aseguraría que las decisiones se tomen de manera concertada y alineada con las necesidades reales del sector y de los usuarios.
Confevip destacó la disposición y apertura del doctor Álvarez Morales y su equipo para estudiar de cerca las propuestas del sector, y reiteró que el fortalecimiento de la institucionalidad y la cooperación con el gremio serán determinantes para garantizar la seguridad en el marco de las elecciones presidenciales y más allá de ellas.
