Desde este 25 de julio entró en vigor el llamado paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en todo el departamento del Chocó lo que ha sumido a toda la población en el miedo y el silencio por medio a represalias.
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Debido a estos hechos, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, convocó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación que se agrava con “distintas amenazas y restricciones” por parte de la guerrilla a la población civil.
“Frente a esto, además del comunicado conocido hoy por la opinión pública, se han difundido por redes sociales y medios locales distintas amenazas y restricciones para los ciudadanos y servidores públicos del territorio. La administración departamental ha convocado para el día de hoy consejo de seguridad con carácter extraordinario”, declaró la gobernadora en un mensaje en X.
Advirtió, en diálogo con Blu Radio, que esto “significa que no va a haber movilidad, no va a haber transporte público, no van a haber servicios y no se va a poder, sin que corra riesgo de alguna manera la seguridad, darse el goce de derecho por parte de los ciudadanos".
De acuerdo al grupo armado, el paro fue anunciado luego de que denunciaran la supuesta retención de varios habitantes “no combatientes” del municipio de Lloró. Así las cosas, alegan, la medida busca “visibilizar” una clara “violación al Derecho Internacional Humanitario”.
Sobre esto la mandataria de los chocoanos confirmó que la operación fue adelantada por miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y Fiscalía General de la Nación dándose la incautación de material de guerra y la desmovilización de dos personas.
Sin embargo, el ELN ha calificado esta incursión militar como un “secuestro” de 12 personas no miembros de la estructura armada, según dijeron en un comunicado difundido el pasado 23 de julio.
Afirmaron que estas personas las obligaron a patrullar junto a los militares en busca de campamentos del ELN “poniendo en riesgo su vida e integridad física”. Además, denunciaron el robo de dinero de la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar.
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“Estos hechos ocurren bajo el silencio cómplice de las autoridades departamentales, nunca se ha escuchado a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba hacer pronunciamientos públicos contra la presencia del paramilitarismo, o exigiendo la realización de consejos de seguridad de manera urgente para combatirlos”, argumentaban.
Por estos hechos, el ELN explicó que el paro se convierte en una forma de “denunciar y visibilizar el genocidio étnico que se esconde en el departamento”.
“El terrorismo de estado es una práctica naturalizada y permanente en el Chocó y es urgente que las organizaciones de derechos humanos y toda persona que tenga sentido de solidaridad por la vida y la dignidad ayuden”, se lee en la comunicación.
