Cinco congresistas vinculados al entramado de corrupción en la UNGRD no irán a la cárcel ni cumplirán ninguna medida de aseguramiento. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia se abstuviera de emitir una orden en ese sentido.
Lea también: Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena
A pesar del concepto favorable para los involucrados, estos seguirán vinculados a la investigación pero podrán seguir ejerciendo sus funciones.
Así las cosas, no se emitirá una orden de captura en contra de los legisladores Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique y, por ende, no serán cobijados con alguna medida de aseguramiento en centro carcelario.
La decisión del alto tribunal se da luego de haber debatido y posteriormente negado el jueves 24 de julio la ponencia del magistrado Misael Rodríguez que pedía enviar a prisión a los implicados.
El documento contenía por lo menos 500 páginas sobre el saqueo y direccionamiento de los contratos de la entidad, como argumentos para dictar la medida de aseguramiento. Vale mencionar que el excongresista Juan Diego Muñoz no fue incluido en el sentido del fallo.
El escándalo por el robo de dinero público de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) ha salpicado a cerca de una decena de políticos que supuestamente se beneficiaron de contratos por apoyar al Gobierno en las votaciones.
Le puede interesar: Imputan nuevo cargo a Sneyder Pinilla por el presunto direccionamiento de contratos de la Ungrd en Córdoba
El exdirector de la UNGRD Olmedo López, que es el principal implicado en la trama corrupta, señaló en su momento al ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el para aprobar iniciativas impulsadas en el Congreso por Petro.
De acuerdo con investigaciones, los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) aceptaron emitir conceptos a cambio de una dádiva de 92.000 millones de pesos, “que se materializarían en contratos de la UNGRD”.
“En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, indicó la Corte.
