La Contraloría General de la República emitió este martes una alerta de control interno dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional, en la que advierte sobre los riesgos que persisten en la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes. Aunque el Gobierno suscribió convenios para poner en marcha este esquema, el organismo de control señala que la prestación del servicio podría verse afectada por falta de planificación operativa.
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La advertencia de la CGR surge tras la firma, el pasado 18 de julio, del “Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 007 de 2025″ y del “Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025” entre la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos acuerdos buscan coordinar recursos técnicos, logísticos y humanos para asegurar la expedición de pasaportes, con una nueva fecha límite de implementación fijada para el 31 de marzo de 2026.
Sin embargo, para la Contraloría, persisten serias incertidumbres. En su comunicado, la entidad señala que no se ha definido quiénes serán los aliados estratégicos que respaldarán a la Imprenta Nacional en la ejecución del nuevo modelo. Además, tampoco se han concretado contratos por parte del Ministerio o de la Imprenta para garantizar la continuidad del servicio una vez venza el contrato actual, el 31 de agosto próximo.
“La Contraloría General de la República no evidencia la definición de cuáles serán los aliados estratégicos de la Imprenta para asumir la ejecución del nuevo modelo. (...) y no se han suscrito contratos por parte de la Imprenta Nacional como ejecutora del nuevo modelo, ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de la expedición de los documentos encaminados a mantener la prestación del servicio, lo que pone en evidente riesgo el cumplimiento de dicha obligación de Estado”, se lee en el comunicado.
La ausencia de estos elementos, asegura la entidad, podría traducirse en un riesgo inminente para un derecho fundamental: la libertad de locomoción. “De no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló la Contraloría.
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El llamado de atención fue remitido directamente por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, a los responsables del Ministerio y de la Imprenta. Además, en una comunicación formal a los jefes de control interno de ambas entidades, el Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, manifestó que estas se encuentran en “latente riesgo de incumplimiento” de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución —que garantiza el derecho a entrar, salir y circular por el territorio nacional—, y del artículo 25 del Decreto 869 de 2016, que establece los lineamientos para la expedición de pasaportes y documentos de viaje por parte de los consulados.
La Contraloría enfatizó en que su advertencia forma parte del ejercicio de control preventivo y concomitante, y exhortó a las entidades implicadas a tomar las decisiones necesarias para evitar una eventual interrupción del servicio. En particular, señala que deben adoptarse medidas que permitan mantener la producción y entrega de libretas de pasaportes, así como las etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.
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Finalmente, el ente de control recordó que los contratos interadministrativos firmados no condicionan el tipo ni la modalidad de selección de los aliados estratégicos que puede contratar la Imprenta Nacional, por lo que la definición y contratación de estos actores resulta urgente si se quiere garantizar la continuidad de un servicio público esencial para millones de colombianos.
