En una rueda de prensa ofrecida este lunes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió al paso de las recientes críticas del expresidente Juan Manuel Santos frente al proyecto de ‘Paz Total’. El funcionario no solo defendió la constitucionalidad y pertinencia del nuevo modelo de justicia, sino que también cuestionó lo que calificó como una lectura limitada del legado del Acuerdo de Paz de 2016.
Montealegre fue claro en señalar que el nuevo proyecto no desconoce lo pactado en La Habana, pero enfatizó que no puede convertirse en un límite infranqueable para futuras negociaciones con otros actores armados.
“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra. No pueden fosilizar futuras negociaciones con los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre en el mar”, afirmó el ministro ante los medios.
En un tono respetuoso, pero directo, Montealegre reconoció el aporte del expresidente Santos al proceso de paz con las Farc, subrayando su mérito en haber obtenido el Premio Nobel. Sin embargo, insistió en que el contexto actual del conflicto requiere nuevas herramientas y enfoques.
“Valoro todo el trabajo que ha hecho Juan Manuel Santos por la paz. Se ganó merecidamente el Premio Nobel de la Paz, pero los pactos de La Habana no son el fin de la historia”, agregó.
Para ilustrar su punto, el jefe de la cartera de Justicia recurrió a una referencia histórica: “Le recordaría al presidente Santos la frase de Gorbachov en Berlín Ad portas de la caída del muro. (...) ‘Quien no esté dispuesto a cambiar, lo castiga la historia’. Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, sentenció Montealegre.
Líneas del proyecto de ‘Paz Total’
El ministro también aprovechó el espacio para explicar los principales componentes del proyecto radicado ante el Congreso el pasado 20 de julio. La iniciativa contempla tres ejes de intervención, con un enfoque diferenciado según el tipo de actor ilegal:
- Grupos armados organizados con control territorial, como el Clan del Golfo, que podrían ser considerados dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario. Estos actores serían objeto de una justicia transicional que incluye penas alternativas entre 5 y 8 años, con esquemas mixtos de justicia retributiva y restaurativa.
- Organizaciones de alto impacto urbano, que no tienen estatus político ni control territorial, como algunas estructuras delincuenciales presentes en ciudades como Medellín. A este grupo se le aplicaría una política de sometimiento a la justicia, con beneficios similares a los contemplados en la justicia premial, incluyendo reducciones de penas entre el 40% y el 60%.
- Personas procesadas por hechos relacionados con la protesta social, quienes podrían acceder a rebajas de pena de hasta un 70%, en consonancia con un enfoque de reconciliación social.
Montealegre explicó que el proyecto busca consolidar el derecho constitucional a la paz, entendida como un instrumento para recuperar el orden público y mejorar la seguridad ciudadana: “Es un esfuerzo por desescalar la violencia en el país, y es también una lucha contra el narcotráfico, y la llave maestra para que alguien pueda negociar presupone un gran acuerdo con la Fiscalía y los jefes del grupo para desmantelar la organización”, indicó.
Uno de los puntos que resaltó el ministro es que, en ninguno de los tres casos contemplados, se exige que los actores tengan estatus político, lo que representa una novedad frente a otros procesos como Justicia y Paz o el acuerdo con las Farc.
Aunque desde algunos sectores políticos se ha interpretado el proyecto de ‘Paz Total’ como una ruptura con el Acuerdo de La Habana, Montealegre insistió en que se trata más bien de una evolución adaptada al contexto actual.
