El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, manifestó que difiere en ciertas cosas del proyecto del Gobierno nacional que les daría ‘gabelas’ a los capos del crimen organizado. El funcionario aseguró que la propuesta requiere de “más análisis”, ya que es un asunto que debería manejar la Rama Judicial.
En entrevista con El Tiempo, Patiño indicó que sostuvo un diálogo sobre este tema con el el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para discutir sobre algunos de los elementos, principalmente del “procedimental”, que daría pautas para el manejo de estos criminales frente a la justicia.
Asimismo, hizo énfasis en que se debería pensar el cómo lograr que las fuerzas políticas que están en el Congreso apoyen la iniciativa, lo que calificó como fundamental.
“Empezar desde acá no es bueno. Hay que comenzar desde lo mínimo y ver cómo se amplían los elementos que sean más incluyentes, como qué sucederá con los militares que hace ya rato pagan prisión y con otra gente que ya cumplió su pena y todavía no le dan su libertad. Pero a quién se deja o no en libertad tiene más que ver con la Rama Judicial”, dijo al medio antes mencionado.
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Respecto a la postura de la Corte Suprema de no darle el visto bueno al proyecto, al considerar que le faltó más discusión, el comisionado señaló que piensa lo mismo. “Esto requiere más análisis. Porque cualquier iniciativa que se presente desde el Gobierno sabemos que corre el riesgo de tener una gran oposición”, añadió.
Indicó también en la entrevista que: “No presentar una cosa como esta a través de una comisión interparlamentaria y que cuente ya de entrada con un alto grado de aceptación política y social puede convertirse en una gran dificultad para adelantar un marco jurídico basado en este tipo de gabelas”.
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Sobre la extradición de los ‘capos’, Montealegre aseguró que “no se va a tocar. Lo que se está haciendo hasta ahora es que cuando una persona esté pedida en extradición, hay tres posibilidades: una es negarla, lo cual es potestad del presidente; otra es aprobarla; y la tercera, que es la que se ha aplicado con personas que tienen papeles visibles en los procesos de paz, consiste en no negarla sino suspenderla”, añadió.
