El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó este lunes en rueda de prensa en la capital las líneas generales del polémico proyecto de la paz total radicado el pasado 20 de julio en el Congreso de la República.
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“El proyecto tiene varios ejes: el primer destinatario son las estructuras al margen de ella ley que se consideran actores del conflicto de acuerdo al DIH, grupos organizados que no tienen que tener fines políticos, como el Clan del Golfo, que pueden entrar en mecanismos de justicia transicional, con penas que oscilan entre 5 y 8 años de penas alternativas privativas de la libertad y hay un componente de justicia retributiva y justicia restaurativa”, dijo.
Agregó el jefe de la cartera del derecho que “el segundo grupo son organizaciones de alto impacto, no son actores del conflicto armado, como los que negocian la paz urbana en Medellín, y frente a ellos hay es una política de sometimiento, con beneficios parecidos a los de la justicia premial existente, con rebajas de penas entre el 40 y el 60 por ciento”.
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“Y los terceros son quienes están siendo investigados por delitos relacionados con la protesta social, a quienes se les rebajará la pena hasta en el 70 por ciento”, indicó.
Expuso el funcionario que se trata de un articulado “que trata de rescatar el derecho constitucional de la paz que tenemos los colombianos, una política del restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, para desescalar la violencia en el país, y es también una lucha contra el narcotráfico, y la llave maestra para que alguien pueda negociar presupone un gran acuerdo con la Fiscalía y los jefes del grupo para desmantelar la organización”.
Y concluyó Montealegre que “uno de los temas importantes es que en estas tres categorías no se requiere tener la característica de estatus político, son normas convencionales dadas por el DIH”.
Destacó finalmente que el proyecto conserva los elementos materiales de procesos como Justicia y Paz y el acuerdo de paz con las FARC.
