Aunque el caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, ex empleadas domésticas, de la excanciller Laura Sarabia está lejos de terminarse, ya se van dando pasos en la resolución de este lío judicial que involucra a varios uniformados de la Policía.
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El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves las sentencias que le habían sido impuestas en primera instancia a la patrullera Dana Canizales y al intendente Alfonso Quinchanegua, directos involucrados en las ‘chuzadas’.
Ambos uniformados confesaron su responsabilidad en los hechos y por ello fueron condenados a 10 años de prisión que cumplirán en su domicilio. Además, deberán pagar una multa de 354 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Canizales y Quinchanegua se allanaron a los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público, esto por haber interceptado el teléfono de Meza y Perea luego de que la alta exfuncionaria denunciara la pérdida de un millonario monto de dinero.
Los hoy condenados aceptaron ante la justicia que crearon documentos falsos con apariencia de legalidad para poder justificar las interceptaciones que claramente eran ilegales.
Pero antes de aceptar su responsabilidad en los hechos ilegales, los dos pidieron perdón a las víctimas. Canizales dijo que solo seguía órdenes sin cuestionarlas, mientras que Quinchanegua prometió no volver a repetir su error.
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“En mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia, recibí órdenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”, indicó la patrullera en su momento.
Por su parte, el intendente precisó que “a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo e igualmente pido mil disculpas a los afectados”.
