Durante una sesión de más de cinco horas, la Corte Suprema de Justicia expresó su rechazo al borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno nacional busca permitir el sometimiento judicial de jefes de organizaciones criminales bajo el marco de la denominada ‘paz total’.
La propuesta, compuesta por 51 artículos, fue discutida este viernes en el seno del Consejo de Política Criminal, donde varios de los asistentes plantearon reparos tanto jurídicos como prácticos.
La magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal del alto tribunal, asistió en representación de la Corte y cuestionó con firmeza los lineamientos del proyecto. En particular, se refirió a la falta de fundamentos sólidos en la exposición de motivos y a la ausencia de concertación previa con la judicatura.
“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”, señaló la Corte en un comunicado oficial. También hizo énfasis en que no hay evidencia de que se hayan dado diálogos técnicos con jueces o magistrados sobre los retos que implicaría aplicar este modelo.
Uno de los puntos más controversiales del borrador es el que contempla penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión para los máximos responsables de organizaciones delincuenciales, incluso si han cometido crímenes graves. Este tipo de beneficios, incluidos en el artículo 21 del documento, podrían aplicarse a capos como alias Douglas, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Vallejo’, figuras visibles del crimen organizado.
De acuerdo con el texto, quienes hayan cumplido ocho años de prisión —o las dos quintas partes de su condena— y colaboren de forma efectiva con el desmantelamiento del grupo criminal, además de contribuir a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, podrían acceder a libertad condicional.
Este enfoque generó inquietud entre varios de los asistentes, especialmente por el posible efecto de impunidad. Según la magistrada Ávila, la propuesta mezcla sin mayor distinción los criterios de justicia transicional con los de la justicia ordinaria, lo que genera tensiones normativas difíciles de resolver.
También alertó sobre la posibilidad de que desertores del proceso de paz, como alias Iván Márquez, resulten cobijados por estos beneficios sin que existan salvaguardas suficientes.
El proyecto también prevé penas entre dos y cinco años para integrantes de menor rango dentro de los grupos armados ilegales, lo cual fue comparado por algunos expertos con los beneficios ofrecidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que rigió el proceso de desmovilización de los paramilitares.
A las críticas de la Corte Suprema se sumaron otras voces durante el debate. La senadora Paloma Valencia y la defensora Iris Marín manifestaron su desacuerdo con varios apartes del documento. Uno de los comentarios reiterados durante la sesión fue que no se brindó el tiempo suficiente para analizar a fondo una propuesta de esa magnitud.
Además, se cuestionó la viabilidad de aplicar una fórmula punitiva reducida a delincuentes de alto perfil sin que ello derive en una afectación a la seguridad ciudadana.
El encuentro contó con la participación de autoridades de alto nivel, entre ellas el viceprocurador Silvano Gómez Strauch, el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Juan Carlos Arias, el subdirector de la Policía, general Rosemberg Novoa, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, y la directora del ICBF, Astrid Cáceres.
Cáceres explicó que el Ministerio de Justicia acogió varias de las recomendaciones planteadas por su entidad. Entre ellas, mencionó la necesidad de armonizar el tratamiento penal en los casos en que las víctimas sean niños o niñas, así como exigir la entrega de menores que hayan sido reclutados por los grupos armados. Indicó además que se contempla incluir un mecanismo de seguimiento para evitar que los menores vuelvan a ser vinculados a estructuras ilegales.
Tras la discusión, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se reunió con su equipo para evaluar ajustes al proyecto, que el Gobierno planea radicar en el Congreso el próximo 20 de julio.
Aunque el borrador fue aprobado por mayoría durante la sesión, las críticas de la Corte Suprema y de otros sectores auguran un camino legislativo complejo para una iniciativa que, de avanzar sin cambios sustanciales, podría modificar de forma profunda la política criminal del país.
