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El ‘decretazo’ del gobierno del presidente Gustavo Petro contra las tutelas y el Consejo de Estado no solo ha generado una enorme polémica, sino que también siembra dudas sobre el alcance.

Ante esto, el abogado Germán Calderón España analizó la normativa que envía el conocimiento de las tutelas contra el mandatario, que antes revisaba el Consejo de Estado, a jueces, como un limitante de la competencia de la máxima corte de lo contencioso administrativo.

“Considero que con la expedición del Decreto 799 del 9 de julio de 2025 se está limitando la competencia del Consejo de Estado cuya corporación, por su jerarquía, debe velar por la constitucionalidad y la legalidad de las normas de carácter general de diversos contenidos y naturaleza que no sean de exclusivo control judicial de la Corte Constitucional, así como ejercer el control contra las vulneraciones a los derechos fundamentales que provengan del presidente de la República y su gobierno”, señala el jurista.

Por ello, considera que “es un golpe de Estado a la tutela como mecanismo de contrapeso de las actuaciones arbitrarias y caprichosas que, en algunas oportunidades, pueden configurarse en lo normativo desde el Gobierno Nacional. (...) Claramente se constituye en una retaliación del Gobierno contra una corporación judicial que intenta diariamente conservar el orden jurídico. Por fortuna, este decreto tiene control judicial”.

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Además, pone de presente Calderón que el decreto “no derogó el numeral 12 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021 por lo cual sigue vigente la competencia del Consejo de Estado sobre las tutelas interpuestas contra el presidente de la República”.

Y observó finalmente que el presidente del Consejo de Estado “dio el fundamento de cualquier demanda contra el Decreto 799 de 2025 que le quita la competencia a esa corporación para resolver tutelas contra el presidente de la República”, en lo que cita el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “La Sala de Consulta y Servicio Civil deberá ser previamente oída en los siguientes asuntos: proyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado”.

Por lo que concluye que “el Gobierno no oyó previamente a la expedición de ese decreto a la Sala de Consulta y Servicio Civil. Además, violó el artículo 152 de la Constitución que establece que las reglas de la justicia deben ser modificadas por ley estatutaria”.

Oposición anuncia demanda

La precandidata y senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció: “Demandaré en las próximas horas el Decreto 0799 de julio de 2025 con el que Petro y su ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley. Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de Derecho. Con este decreto, el gobierno habilita que las tutelas contra el presidente, incluidas aquellas relacionadas con seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como instancia especializada, sino por jueces de circuito ordinarios”.

Agregó la legisladora que esto no es una simple medida administrativa: “Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder. Quiero aclarar que el presidente no tiene competencia para modificar laestructura judicialmediante decreto. La Constitución (art. 152) es clara: toda norma que afecte la administración de justicia debe tramitarse como ley estatutaria, aprobada por elCongresoy revisada previamente por la Corte Constitucional. Petro evade el Congreso y rompe la arquitectura institucional con una firma”.

Cabal expuso que aquí Petro y su ministro de Justicia “violan el principio del juez natural. Las tutelas contra el presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado. Ahora, bajo el nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el jefe de Estado.