Por presuntamente manipular pruebas y coaccionar a testigos claves para que se retractaran de sus señalamientos sobre supuestos nexos con grupos paramilitares, la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, pidió este martes sentencia condenatoria en contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esto por su presunta participación en la comisión de los delitos de soborno de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”, dijo la representante del ante acusador ante la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
Según el organismo de investigación penal, la supuesta estrategia del líder opositor habría consistido en utilizar intermediarios para intentar persuadir a los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García para que se retractaran de sus declaraciones originales en que incriminaban al ex jefe de Estado.
La idea, dijo la fiscal, era “construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”, y añadió que narraría “de forma ordenada los hechos probados, las estructuras de los tipos penales y el vínculo de determinación con el procesado para culminar con la solicitud formal de condena”.
Entre las pruebas, explicó, constan las interceptaciones que, de acuerdo con el dicho de Orjuela, evidencian la existencia de contactos entre personas cercanas al expresidente y los testigos en cuestión, que aparentemente habrían sido objeto de presiones para modificar sus versiones.
“El acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave”, aseveró la delegada.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, registrado como víctima en el proceso, recordó en sus redes sociales “siete decisiones jurídicas que han abierto el camino a la justicia”.
La primera, expuso, se dio el 16 de febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 38.451, “se inhibió de abrir investigación formal en mi contra, y dispuso compulsar copias en contra de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos”.
“El 3 de agosto de 2020, la Sala Especial de Instrucción de la Corte, en el radicado 52.240, dictó auto mediante el cual definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez y le impuso medida privativa de la libertad de carácter domiciliario”, agregó.
Como tercer punto, indicó: “El 6 de noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá́ con Función de Conocimiento declaró la equivalencia entre indagatoria e imputación, motivo por el cual determinó que Álvaro Uribe Vélez se encontraba imputado”.
Además, señaló, “la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-388 de 10 de noviembre de 2021, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, concluyó que ‘al margen de sus diferencias, existe equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria consagrada en la Ley 600 y la formulación de la imputación prevista en la Ley 906 de 2004. Ambas instituciones procesales, distintas en cuanto a la forma, cumplen en su esencia con vincular a la persona a la actuación penal como sujeto procesal, y permitirle conocer los hechos y delitos por los que se le investiga’”.
El 5 de marzo de 2021, sostuvo Cepeda Castro, “el fiscal Gabriel Jaimes (fiscal 6 delegado ante la Corte) radicó solicitud de preclusión que le correspondió al Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. El 27 de abril de 2022 la jueza de conocimiento negó la solicitud de preclusión. Decisión que no fue recurrida y, por tanto, quedó ejecutoriada ese mismo día”.
Luego, el 1 de agosto de 2022, el fiscal Javier Cárdenas (fiscal 3 delegado ante la Corte) “presentó una segunda solicitud de preclusión, que le correspondió conocer al Juzgado 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El 23 de mayo de 2023 la jueza de conocimiento negó por segunda vez la solicitud de preclusión. Decisión que en esta segunda oportunidad fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que el 29 de septiembre de 2023 confirmó la decisión adoptada por la primera instancia”.
Y, como séptima medida, relacionó, “el 9 de abril de 2024, el fiscal Gilberto Iván Villareal Pava (fiscal 1 delegado ante la Corte) presentó escrito de acusación en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo, y adicionó el delito de soborno”.
