En el marco de las acciones de inspección que se vienen realizando en todo el país a las tiendas D1, el Ministerio del Trabajo anunció que ordenó el cierre de una de las sedes de esta compañía por no cumplir con los requisitos mínimos para su operatividad.
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“Esta determinación que busca proteger la salud e integridad de los trabajadores tiene vigencia a partir de hoy 20 de junio, hasta que la empresa corrija las situaciones que viene generando el riesgo”, aseguró Amaury Gómez, director territorial de Bogotá, a través de un comunicado.
Se trata de la tienda D1 del barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá, en la capital colombiana a la cual se le halló ciertos riesgos físicos y biológicos, de acuerdo a lo manifestado por el ministerio que inspeccionó el lugar.
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Por su parte, Sandra Muñoz Cañas, directora de Inspección, Vigilancia y Control del ministerio, señaló que esta decisión es una de las más de “78 medidas que estamos tomando a nivel nacional, de observar distintos lugares de trabajo en el caso de las tiendas D1. También vamos a revisar otros lugares de trabajo y otras tiendas que hacen parte de grandes superficies”.
Y es que a principios de junio, la cartera del Trabajo abrió investigación preliminar contra la cadena de supermercados, luego de que se conocieran denuncias por presuntas prácticas laborales irregulares, según reveló una investigación realizada por Señal Investiga de RTVC, y la Revista Raya.
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De acuerdo a la investigación periodística, los trabajadores son presuntamente sometidos a condiciones de trabajo precarias, largas jornadas sin reconocimiento de horas extras y vulneración del derecho a la desconexión laboral, esto según denunciaron empleados y exempleados.
“Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones —que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes— someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”, declaró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respecto al tema.
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A estos cuestionamientos la compañía -operada por el conglomerado Coba Group, cuyo principal accionista es Valorem, empresa perteneciente a la familia Santo Domingo- se ha defendido indicando que cumplen con toda la normatividad exigida por las leyes colombianas.
“Nuestra compañía (…) mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido, en todo el territorio nacional, lo que nos posiciona como uno de los mayores empleadores formales del país”, se lee en un comunicado para cuando se anunció la investigación.
