El Ministerio del Trabajo abrió una investigación preliminar contra la cadena de supermercados Tiendas D1 luego de que se conocieran denuncias por presuntas prácticas laborales irregulares. El anuncio lo hizo el titular de la cartera, Antonio Sanguino, quien a través de su cuenta oficial en la red social X calificó los señalamientos como “de suma gravedad”.
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El detonante fue una investigación conjunta realizada por ‘Señal Investiga’, de RTVC, y la ‘Revista Raya’, en la que se exponen múltiples testimonios de trabajadores y exempleados de D1 —operada por el conglomerado Coba Group, cuyo principal accionista es Valorem, empresa perteneciente a la familia Santo Domingo—, quienes denuncian condiciones de trabajo precarias, largas jornadas sin reconocimiento de horas extras y vulneración del derecho a la desconexión laboral.
“Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones —que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes— someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”, escribió el ministro en su publicación.
Denuncias y testimonios de trabajadores de Tiendas D1
Aunque gran parte de las fuentes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, varios trabajadores revelaron detalles sobre lo que describen como una “sobrecarga permanente” de funciones.
Entre las denuncias más frecuentes está el hecho de que una sola persona puede estar a cargo de todas las operaciones en una tienda: descarga de productos, limpieza, organización del inventario, atención al cliente y manejo de caja.
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Una supervisora, identificada en el informe de ‘Raya’ con nombre reservado, relató que su contrato bajo la figura de “uso y confianza” implica jornadas laborales de hasta 12 horas, sin compensación adicional. “Nos dicen que es un cargo de confianza, pero lo que hay es abuso y confianza”, expresó.
Además, se señala que algunos contratos por horas —uno de los cuatro tipos que presuntamente maneja la empresa— establecen un pago de $7.200 por hora, pero limitan la jornada semanal a 36 horas, sin garantizar estabilidad ni acceso pleno a derechos laborales.
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El informe también documenta la muerte de un empleado que intentó evitar un robo en una tienda. El hecho evidenció, según el sindicato, las falencias en las medidas de protección para el personal. Aunque D1 ha asegurado públicamente que la seguridad es una prioridad, las acciones concretas no serían suficientes para prevenir incidentes o garantizar condiciones adecuadas.
Otro punto crítico que fue denunciado es la desconexión laboral. A pesar de que las leyes colombianas establecen el derecho de los trabajadores a no recibir requerimientos laborales fuera del horario pactado, varios testimonios afirman que la comunicación fuera de turno es común, especialmente en situaciones consideradas “urgentes” por los encargados.
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Jairo Ángel Ciro, líder sindical que ha acompañado a varios de los trabajadores en sus denuncias, aseguró que cerca de 700 quejas han sido radicadas ante el Ministerio del Trabajo en los últimos años.
Sin embargo, según explicó, muchas investigaciones se archivan sin avances significativos. “Hay desprotección institucional. Lo que vemos es una tendencia a desestimar las denuncias o a resolverlas sin una revisión a fondo”, afirmó.
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Por ahora, el Ministerio del Trabajo no ha confirmado un cronograma para las diligencias de investigación en Tiendas D1, pero sí ha asegurado que se hará seguimiento detallado a las denuncias.
D1 se defiende
Fue a través de un comunicado de prensa que D1 S.A.S. se pronunció en relación con la investigación que tiene a la compañía en el ojo del huracán.
“Nuestra compañía cumple con toda la normatividad legal en Colombia y mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a termino indefinido, en todo el territorio nacional, lo que nos posiciona como uno de los mayores empleadores formales del país”, comenzaron diciendo.
Dijeron estar abiertos a cualquier tipo de investigación que las autoridades estén dispuestas a adelantar al tiempo que manifestaron que con los sindicatos mantienen una “comunicación abierta y respetuosa”.
“Rechazamos cualquier intento de desinformación o señalamiento infundado que pretenda instrumentalizar nuestra labor empresarial en medio de coyunturas políticas o debates ajenos a nuestra actividad”, explicaron.
