La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 13 de agosto la audiencia de acusación contra Cecilia Álvarez, exministra de Transporte durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal escuchará a partir de las 8:30 de la mañana los cargos que presentará la Fiscalía General de la Nación contra la exfuncionaria, quien deberá responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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La acusación se centra en la firma de los otrosíes 3 y 6 del contrato de la Ruta del Sol II, mediante los cuales se adicionó el tramo Ocaña-Gamarra al proyecto vial. Esta adición, valorada en 1,2 billones de pesos, se realizó sin proceso de licitación pública ni cumplimiento de las normas de contratación establecidas.
Según la investigación fiscal, Álvarez, en su calidad de máxima autoridad del sector transporte, habría permitido que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) modificara el contrato de concesión original, “desnaturalizando su objeto inicial” y omitiendo los procedimientos legales requeridos para obras adicionales de esta magnitud.
La Fiscalía documentó que las modificaciones contractuales se ejecutaron sin los estudios técnicos correspondientes y sin las autorizaciones previas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), requisitos exigidos por la normatividad vigente.
El ente investigador determinó que el tramo Ocaña-Gamarra “no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II” y que debía tramitarse a través de un proceso independiente de licitación pública, lo que habría permitido la participación de múltiples oferentes.
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Un elemento adicional en la investigación apunta a un posible conflicto de intereses de la exministra. La Fiscalía estableció que antes de asumir el cargo en el Ministerio de Transporte, Álvarez formó parte de juntas directivas de sociedades vinculadas a la construcción de proyectos portuarios multimodales, donde existían “intereses económicos familiares” relacionados con su pareja sentimental de entonces, la exministra Gina Parody.
Esta circunstancia habría constituido un impedimento legal para su participación en las decisiones relacionadas con la adición del tramo Ocaña-Gamarra al contrato original.
