El Comité por la Liberación de Presos Políticos de Venezuela cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación de los ciudadanos colombianos detenidos en dicho país.
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A través de un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de X, la organización señaló que, si bien valora las gestiones diplomáticas iniciadas por el gobierno, estas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
El pronunciamiento se produjo en respuesta a una publicación del jefe de Estado, quien indicó que “hoy familiares de los detenidos colombianos en Venezuela pudieron por fin visitarlos”. El Comité reconoció que recientemente algunos de los detenidos lograron realizar una breve llamada telefónica de cinco minutos, luego de varios meses de denuncias por desaparición forzada. Sin embargo, sostuvo que no es cierto que todos hayan tenido contacto con sus seres queridos, como sugirió el mandatario.
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Según el Comité, hasta la fecha solo se tiene conocimiento de un caso en el que se haya autorizado una visita familiar. Esta limitación se debe, entre otras razones, a que muchos de los familiares residen en Colombia y a la falta de información oficial por parte del Estado venezolano sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos.
La organización también advirtió sobre el temor fundado entre familiares de viajar a Venezuela, por el riesgo de ser blanco de represalias o detenciones arbitrarias. Esta situación ha contribuido al aislamiento de los detenidos y ha agravado el impacto emocional en sus núcleos familiares.
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El pasado 28 de abril, un grupo de familiares realizó un plantón frente al despacho presidencial en Bogotá con el propósito de entregar personalmente una carta al mandatario. Según el Comité, no fueron recibidos ni se les permitió radicar el documento, y hasta el momento no han obtenido una respuesta institucional clara a sus solicitudes.
En su declaración, el Comité lamentó que el gobierno colombiano no haya asumido una postura más firme ante las autoridades venezolanas para exigir información concreta sobre el estado de salud, la ubicación y la situación legal de los connacionales. También reiteró la necesidad de activar los mecanismos consulares y diplomáticos disponibles para garantizar la protección de los derechos de los detenidos.
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El Comité apeló a la responsabilidad de Colombia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y subrayó la urgencia de adoptar medidas que permitan avanzar hacia soluciones humanitarias efectivas, tanto para los colombianos detenidos como para los presos políticos venezolanos.
La respuesta concluyó con un llamado a la comunidad internacional para no ignorar la situación y acompañar los esfuerzos dirigidos a superar la crisis de derechos humanos que afecta a ciudadanos de ambos países.
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“Seguimos apelando a la solidaridad y al apoyo de los gobiernos del mundo, no solo en favor de los ciudadanos colombianos detenidos, sino también de todas las víctimas venezolanas, y extranjeras, de esta política represiva contra el pueblo”, señala el comunicado.
Y concluye: “Urge avanzar en la búsqueda de salidas humanitarias reales a esta grave crisis, que no puede seguir siendo ignorada por la comunidad internacional, tal y como lo manifestamos a su representación en Venezuela el pasado 5 de mayo, en el marco de la Ruta Global por la Justicia”.
