Después de catorce años de proceso judicial, el ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo fue absuelto este viernes 16 de mayo por el caso relacionado con la desmovilización de la supuesta compañía guerrillera Cacica La Gaitana, en hechos ocurridos en marzo de 2006 en el departamento del Tolima.
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La decisión, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, también benefició a los coroneles en retiro Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez. El tribunal declaró la atipicidad de la conducta por el delito de peculado por apropiación, lo cual llevó a su absolución. Como consecuencia, se ordenó la cancelación de las anotaciones judiciales en su contra y la anulación de la orden de captura que pesaba sobre Restrepo, quien permanece fuera del país desde 2011.
El proceso judicial tuvo su origen en una acusación formulada en octubre de 2013 por la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, el ente investigador aseguró que Restrepo, en su calidad de alto funcionario del gobierno, había avalado un acto de desmovilización que no correspondía a un grupo armado real.
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Entonces, la Fiscalía sostenía que personas en condición de vulnerabilidad, como habitantes de calle, desempleados y trabajadoras sexuales, habrían sido reclutadas para hacerse pasar como integrantes de las Farc, con el objetivo de simular un proceso de paz.
En su acusación, el ente señalaba que el evento, difundido como un hecho histórico en su momento, generó un perjuicio económico para el Estado por más de 1.156 millones de pesos. Dichos recursos habrían sido utilizados para adquirir armamento, uniformes y cubrir gastos de manutención y resocialización para los participantes, quienes, según los investigadores, nunca pertenecieron a un grupo armado.
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Además, informes de inteligencia militar citados en el juicio indicaban que la compañía guerrillera mencionada en los documentos oficiales no existía. A partir de esos hallazgos, se estructuró una narrativa de montaje que, de acuerdo con la acusación, buscaba obtener beneficios políticos y económicos para los implicados.
Sin embargo, en la audiencia de este viernes, el juzgado desestimó esa versión. De acuerdo con el fallo de primera instancia, no se comprobó la existencia de dolo ni de una conducta penalmente reprochable por parte de los procesados.
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Los abogados defensores de los coroneles, Majer Nayi Abushihab y Juan Sebastián Fajardo, celebraron la decisión y manifestaron que durante años sus representados fueron objeto de una versión construida con testimonios falsos.
Según los abogados, la justicia logró aclarar que no hubo fraude, ni simulación, y que los hechos correspondían a un proceso legítimo de reintegración enmarcado en las políticas públicas de paz de ese periodo.
La sentencia puede ser apelada por la Fiscalía, aunque hasta ahora no se ha informado si el ente acusador ejercerá dicho recurso.
