Aunque la sala plena de la Corte Constitucional aprobó, parcialmente, la declaratoria de conmoción interior expedida por el Gobierno nacional para combatir la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, tres magistrados no estuvieron de acuerdo.
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Se trata de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional; José Fernando Reyes Cuartas; y Paola Andrea Meneses Mosquera, quienes se opusieron a la iniciativa argumentando que la crisis de seguridad en esta región de Colombia tiene unos antecedentes más profundos, de tiempo atrás.
El magistrado Ibáñez Najar mencionó tres argumentos clave para defender su postura. El primero consiste en que ‘la guerra en el Catatumbo no es excepcional, sino de vieja data‘; y que dichos grupos armados se aprovecharon de la ‘paz total’ ocasionando un desastre al que el Gobierno no encontró salida, más que la conmoción.
“La situación actual no es un hecho sorpresivo ni extraordinario, es la manifestación de una crisis estructural prolongada, reiteradamente advertida y no enfrentada con los medios disponibles. Pretender justificar poderes de excepción sobre la base de la inacción estatal previa constituye un abuso del orden constitucional”, añadió el presidente de la Corte.
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Como segundo punto, el magistrado indicó que las causas de violencia en la región del Catatumbo están relacionadas de manera directa con ‘fallas persistentes en las políticas públicas implementadas por el Gobierno’, tales como el fallido Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y las falencias en los sistemas de salud y educación.
“El uso de una herramienta excepcional como la conmoción interior resulta incongruente con la naturaleza estructural de la crisis”, dijo Ibáñez refiriéndose a que la emergencia debe ser tratada a largo plazo y con un “cambio sostenido”.
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El tercero y último argumento radica en la paz total, iniciativa del Gobierno Petro, la cual ha sido burlada y aprovechada por los grupos armados organizados para “incrementar sus hostilidades”, ya que están “cubiertos o arropados”, enfatizó.
“La política de la paz total ha contribuido de manera directa y verificable al deterioro progresivo del orden público, tanto en la región del Catatumbo como en otras zonas del país. Lejos de representar un avance hacia la superación del conflicto armado, su implementación ha generado el efecto contrario”, aseguró el presidente de la Corte Constitucional.
