En un caso que ha generado consternación, tres oficiales del Ejército Nacional fueron enviados a un centro de detención militar por presuntas irregularidades en las operaciones desplegadas en el municipio de Anorí, Antioquia. Los hechos, que resultaron en la muerte de cinco militares, están siendo investigados por la Fiscalía Penal Militar y Policial.
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Según el ente acusador, los oficiales implicados son el subteniente Juan Daniel Hernández, el sargento segundo Jeisson Ricardo Barrera y el cabo primero Gersson Jalava, quienes habrían reportado coordenadas falsas sobre la ubicación de sus tropas.
Esta acción, según las pruebas presentadas, aumentó la vulnerabilidad del pelotón Buitre 2 frente a los ataques del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado que opera en la región.
Alertas ignoradas y órdenes incumplidas
Desde el 8 de noviembre de 2024, las unidades militares en el nordeste antioqueño recibieron alertas de posibles acciones armadas del frente Compañero Tomás del ELN. Ante la amenaza, se ordenó a los comandantes de los pelotones realizar desplazamientos nocturnos y mantener posiciones estratégicas para minimizar riesgos.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el subteniente Hernández, en su calidad de comandante del pelotón, no cumplió con estas instrucciones.
A pesar de contar con recursos suficientes para garantizar la seguridad del grupo y de las familias en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, las tropas permanecieron en el mismo punto durante cuatro días, sin medidas de protección adecuadas.
El ataque del Eln
El 21 de noviembre, un ataque con explosivos improvisados, conocidos como tatucos, perpetrado por el Eln, evidenció la irregularidad en las coordenadas reportadas.
De acuerdo con lo que se conoció, el ataque ocurrió en un lugar distante de la ubicación informada, lo que llevó a la muerte de cinco militares: el cabo segundo Fredys David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Fabián José Regino Mora y Yoiser David Redondo Arias.
La fiscal encargada del caso señaló que Hernández era consciente de los riesgos que enfrentaba su unidad, debido a las advertencias emitidas por sus superiores. A pesar de ello, no tomó las medidas necesarias para proteger a su personal ni informó sobre las irregularidades a la cadena de mando.
La decisión judicial
Durante la audiencia de legalización de captura, el Juzgado Penal Militar y Policial de control de garantías determinó que los tres oficiales deben permanecer en un centro de reclusión militar mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, desobediencia y homicidio culposo.
El juez que lleva el caso aclaró que la medida de detención es preventiva y tiene carácter provisional mientras se desarrollan las siguientes etapas procesales. La defensa de los acusados ha apelado la decisión.
