En un comunicado conjunto, las altas cortes (Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema) rechazaron de manera enfática las denuncias que se han conocido en los últimos días sobre supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de la Constitucional.
Afirmaron que de ser cierto lo denunciado sería una clara 'afrenta a la democracia en Colombia'. Las altas cortes fueron enfáticas en decir que las presuntas interceptaciones 'ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial'.
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“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado de la Rama Judicial en pleno.
Por esto solicitan a la Fiscalía General adelantar 'con celeridad' las investigaciones pertinentes para esclarecer 'una situación que afecta directamente al magistrado (Jorge Enrique) Ibáñez'.

Denuncia del magistrado Ibáñez
Como se sabe, la revista Semana reveló una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, del ala conservadora de la Corte Constitucional, en la que denunció lo que está ocurriendo al interior de la Corte.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”, se lee.
A su vez, la emisora La FM reportó que los magistrados, incluidos los de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advierten que los tienen intervenidos y que incluso les están montando carpetas para pasar información que está registrada en la DIAN y en la UIAF.





















