Corte Constitucional pone la lupa en la contratación tras el ECI de La Guajira

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia de 2017 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, en La Guajira, puso la lupa en la contratación desde 2018 en la península.

En un auto del pasado 19 de febrero, la sala conformada por los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Vladimir Fernández Andrade y José Fernando Reyes Cuartas, establecieron 'el cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo sexto 'garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas', contenido en la orden cuarta de la Sentencia T-302 de 2017, al hallar que no existe una ruta eficaz para que la información contractual y financiera se reporte oportuna y adecuadamente, ni un sistema de información útil para que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia verifiquen la rectitud de sus prácticas o para que los órganos de vigilancia, control e investigación puedan detectar fácilmente prácticas ilegales'.

Además, señalan, tampoco se advierten estrategias para enfrentar el incumplimiento, el desinterés y la falta de consciencia de las entidades respecto del deber de reportar la información que solicitan las diferentes autoridades. Ni se encontró la existencia de indicadores que permitan medir los resultados de las acciones emprendidas para conjurar la ineficiencia, ineficacia y corrupción administrativa y, por ende, para medir el impacto de estas soluciones en el goce efectivo de los derechos protegidos.

'Se constató que no hay soluciones tangibles a los obstáculos institucionales que enfrentan los órganos de vigilancia, control e investigación para abarcar el territorio, rastrear la información de interés y el patrimonio público, cruzar la información con las demás entidades, superar las insuficiencias de personal y tecnológicas, medir resultados, sancionar el incumplimiento de las autoridades frente a los requerimientos de información y presentar información que demuestre articulación interna', añade el documento.

Cómo también se encontró déficit en la información sobre la forma como se gestiona el sistema general de participaciones, particularmente, las asignaciones a resguardos indígenas y encontró que tampoco existe un sistema que monitoree la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios.

Por ello ordenó la realización de una sesión técnica con todas las entidades involucradas el próximo 15 de abril desde las 8 de la mañana.

Así mismo, exigió a los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia que, en el término de un mes remitan a los órganos de control y a la Fiscalía un informe con las cifras desembolsadas por año desde 2018; en caso de que no se hubieran presentado proyectos de inversión por parte de resguardos indígenas, se deberá informar cómo se ejecutaron los recursos; en caso de que se hubieran presentado proyectos de inversión, se deberá informar las personas a quienes se les entregaron los recursos, precisando su identificación y la calidad en la cual los recibieron; las fechas en las que se hicieron los desembolsos y la manera como entregaron los recursos. La misma información y en el mismo término deberá reportarla el departamento de La Guajira respecto de los cuatro municipios priorizados.

Planeación , a su vez, deberá reportar desde 2018 sobre las solicitudes de administración directa presentadas por resguardos indígenas con jurisdicción en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Riohacha. Además se deberá informar las personas a quienes se les entregaron los recursos, precisando su identificación y la calidad en la cual los recibieron; las fechas en las que se hicieron los desembolsos y la manera como entregaron los recursos.

Y, por último, ordenó 'a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República en asocio con la Contraloría Departamental de La Guajira y a la Fiscalía General de la Nación, que en el término de cinco meses, contado a partir de la fecha en la que las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y el DNP informen a la sala si se detectaron particularidades en la gestión de los recursos y si, en atención a estas observaciones, se iniciarán investigaciones administrativas o indagaciones preliminares, de acuerdo con el ámbito de competencias. En caso de que las entidades requeridas no presenten los informes en los tiempos definidos, de ello se deberá informar a la sala de manera inmediata y adoptar las medidas coercitivas que dichos órganos a bien tengan aplicar'.