2022: el año que Colombia afrontó una de sus peores temporadas invernales
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 268 personas murieron producto de los efectos de las lluvias. Se han registrado más de tres mil emergencias.
Fue un 2022 pasado por agua, demasiada agua, en Colombia. Pero también hubo lodo, derrumbes, deslizamientos, vías terciarias completamente colapsadas, miles de casas damnificadas y personas muertas por los efectos colaterales de las lluvias. No se salvaron ni los muertos. Lo dijo desde el presidente Gustavo Petro hasta el líder comunal más humilde de La Mojana: ha sido una de las temporadas invernales más crueles de las últimas décadas.
Tan solo el 6 de diciembre se registró una de las peores tragedias del año: al menos 34 personas, entre ellos tres menores de edad, murieron tras el deslizamiento de tierra en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. El terreno cedió debido a las fuertes lluvias que habían caído en las últimas semanas y ‘devoraron’ por completo dos buses y una motocicleta que transitaban por la vía.
Hasta el corte de mediados de noviembre, según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), se habían registrado 3.794 eventos de emergencia en 32 departamentos y 881 municipios con un total de 268 fallecidos, 61 desaparecidos y 721.755 personas afectadas que conforman 217.380 familias.
En cuanto a la infraestructura, actualmente hay un saldo de 6.748 viviendas destruidas, 116.521 casas averiadas, además de afectaciones en 343 puentes vehiculares, 241 puentes peatonales, 471 acueductos, 67 centros de salud, 457 sedes educativas, 170 centros comunitarios y en 28.162 hectáreas de tierra. Desde la declaratoria de situación de desastre se registran 52 vías afectadas, seis puentes averiados y uno más colapsó.
Además, 72 % de la población rural ha resultado afectada por las lluvias al igual que las zonas dispersas que están presentando una afectación de hambre.
En comparación con años anteriores, según datos de la entidad, la situación actual es mucho más grave. Las lluvias provocaron 126 muertos todo el 2021, y 96 en el 2020.
“Estamos estableciendo el inicio de manera paralela de una evaluación de daños, pérdidas e impactos que nos permita cuantificar a cuánto ascendería la recuperación y tener de manera objetiva esa valoración en término de cuántos recursos se invertirán en temas ambientales, de vivienda, de infraestructura vial y principalmente para el campo. Nosotros estamos convencidos de que debemos hacer una reestructuración que nos lleve al impacto humano, que nos permita restablecer derechos”, explicó Javier Pava, director General de la Ungrd.
Sin embargo, a pesar de que las recientes semanas han sido secas, la preocupación de los órganos de control radica en una posible fusión de la temporada de lluvias de este año con la de 2023, lo que ocasionaría graves devastaciones en todo el país.
“Nosotros declaramos la situación de desastre el 01 de diciembre de este año en medio de una situación que no ha terminado, por lo que la hemos llamado desastre en desarrollo, esperamos que realmente esta temporada de lluvias termine al menos en el mes de febrero y no se junte con la temporada de lluvias normal del próximo año, de lo contrario tendríamos lluvias hasta julio”, agregó Pava.
Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia y una de las voces más constantes sobre los efectos del cambio climático, consideró que las repercusiones del clima en el país obedecen a la poca importancia que las grandes industrias y, en general, le han prestado al medioambiente.
“Esta es la crisis climática, y solo comienza en Colombia y en el mundo. En décadas acabará con la mayoría de las especies marinas y terrestres, si no construimos dos caminos paralelos”, explicó el mandatario, quien –además– señaló que es importante y urgente “ordenar el territorio alrededor del agua, no construir en zonas de alto riesgo, fortalecer la producción de alimentos y la salud pública”.
En total, las principales afectaciones se han registrado por los desbordamientos del río Cauca (recorre cerca de 180 municipios), que incluye departamentos de la región Caribe, deslizamientos en Norte de Santander e inundaciones en el pacifico.
En la Sierra Nevada, en el Magdalena, se han presentado varias afectaciones por cuenta de derrumbes, mientras que en la Alta Guajira han reportado situaciones similares por cuenta del colapso de los canales.
“Otro de los temas importantes es el papel de Cormagdalena, es muy ausente hoy frente a los riesgos, en esta y otras comisiones se han dado discusiones muy complejas sobre lo que está sucediendo en La Mojana, en toda la zona de Mompox, y en todo esto hay un problema muy complicado y tiene que ver con la sedimentación del río Magdalena”, aseguró Pava Sánchez.
“En cuanto al tema de los daños de las vías terciarias no solo es la consecuencia de un abandono estatal, sino que es la acumulación de años y décadas en los que no ha habido un mantenimiento preventivo, por lo que las vías y puentes están colapsados y esto está teniendo un impacto grandísimo en lo que tiene que ver con la alimentación y en un muy corto plazo va a tener graves consecuencias también en las ciudades”, señaló la Ungrd.
Por su parte, en Bogotá se registraron durante varios días grandes anegaciones de las principales autopistas de la capital del país.
Según lo indicó la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, un total de 56 municipios presentan niveles de amenaza alta y moderada. Igualmente se pronostica que por deslizamientos en el territorio nacional 14 municipios más se encuentran en amenaza alta.
Con un total de 2.1 billones de pesos, la Ungrd busca la rehabilitación y la reconstrucción de las áreas afectadas por la situación de desastre que está afrontando el país, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2113 de 2022, emitido por la Presidencia de la República de Colombia.
“Este plan, orientado a la adaptación al cambio climático y fomentando la participación de las comunidades, se desarrollará con base en los principios de la política nacional de gestión del riesgo de desastres establecida en la Ley 1523 de 2012, incluida la garantía de los derechos humanos, la seguridad alimentaria y aplicando el enfoque diferencial con perspectiva de género, así como las dinámicas territoriales y culturales de las regiones del país”, explicó la Ungrd.
Este dinero, según las autoridades, se invertirá en la recuperación temprana de los sistemas cenagosos y humedales para amortiguar las crecientes, la conectividad y movilidad vial en las regiones y se implementarán acciones de relocalización transitoria, retorno y reasentamiento de las comunidades que lo requieran.
Además, en este sentido, se implementará una nueva estrategia para desarrollar las acciones de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) a través de tres modalidades: distribución de kits alimentarios, ollas comunitarias y entrega de bonos canjeables en mercados campesinos.
