En concordancia con unos de los reclamos fundamentales que originaron la convocatoria al paro nacional del pasado 21 de noviembre, en la Comisión Séptima del Senado se citó a debate de control político al Gobierno Nacional para que este respondiera las dudas que había alrededor de los anuncios y filtraciones a la prensa de eventuales reformas laboral y pensional que se estarían fraguando.
Este diario tuvo acceso al documento de respuestas de 14 páginas, radicado en el Congreso por el Ministerio de Trabajo el pasado 20 de noviembre –un día antes del paro-, para las audiencias que hubo en la célula legislativa de los temas laborales durante los pasados 26 de noviembre y 3 de diciembre.
El debate fue citado desde el 12 de noviembre por el senador magdalenense Fabián Castillo, de Cambio Radical y Jesús Alberto Castilla, del Polo. Y los ministros que debían responder eran los de Trabajo, la cartagenera Alicia Arango y de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así como el presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina.
La misiva con las contestaciones va dirigida al secretario de la Comisión, Jesús María España, y va firmada por el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, Andrés Uribe Medina.
'No hay reforma laboral'
Comienza el Ministerio del Trabajo asegurando frente a la reforma laboral que 'el Gobierno Nacional no tiene preparado ni en elaboración dicho proyecto. Por lo tanto, no se han definido los aspectos que van a incluir'.
Garantiza además que 'al adelantarse una propuesta en este sentido será presentada dentro de los canales formales de dicha instancia (la Comisión Permanente de Concertación de Política Salarial y Laboral), para su discusión tripartita'.
'Es para protección de la vejez'
En cambio, sobre la reforma pensional dice el Ejecutivo que sí se ha trabajado y que lo que se busca 'no es solamente una reforma pensional sino una reforma al Sistema de Protección a la Vejez', para lo que crearon la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez 'que buscar recoger los puntos de vista, las preocupaciones y propuestas' de sindicatos, pensionados, gremios, centros de investigación, academia y entes multilaterales.
Así mismo, acerca de esta modificación al régimen pensional pone de presente la cartera de lo laboral que el país tiene varios 'retos' en esta materia, como por ejemplo que 'este sistema es altamente inequitativo dado que las transferencias al sistema de pensiones público empeoran la distribución del ingreso en Colombia'.
El otro desafío, se lee, es 'una inadecuada cobertura del SGP, que se debe en gran medida al diseño y a las condiciones actuales del acceso al mismo, lo cual implica que en los próximos años el 80% de los colombianos no alcanzará a cumplir los requisitos para pensionarse'.
Por lo que concluye que la reforma que se presente tendrá dos ejes: 'cobertura y equidad'.
'No se modifica edad ni semanas de cotización'
El Ejecutivo, ante los cuestionamientos de los parlamentarios, niega a renglón seguido que se busque eliminar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que es un régimen del sistema general de pensiones gestionado por el Estado (Colpensiones) y en el que los aportes individuales entran a un fondo común que luego financiará la pensión de quienes adquieran ese derecho.
También asevera el Ministerio, sobre algunos de los temas que más han causado preocupación entre los trabajadores y que más han generado cánticos en las manifestaciones en las calles, que 'no se modificará la edad de acceso, ni se incrementarán las semanas de cotización, y en todo caso se fortalecerán los servicios sociales complementarios, con el objeto de optimizar el gasto público con destino la población más pobre y vulnerable'.
Dicen además que en la eventual reforma laboral no se disminuirá el salario mínimo de los menores de 25 años al 75% de lo que constituye el salario mínimo del país y que tampoco buscan eliminar los intereses sobre las cesantías.
Trabajo por horas
Acerca de la propuesta de regular el trabajo por horas y si este afectaría el descanso obligatorio y las prestaciones sociales, pone de presente el Gobierno que el artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo 'ya señala que los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que les correspondan, cualquiera que sea la duración de la jornada', por lo que afirma que 'el trabajador tendrá derecho al pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales consagrados en la ley en forma proporcional al salario devengado'.
El pasado 3 de diciembre, la misma célula legislativa aprobó en primer debate el proyecto para reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, sin disminuir el salario. Uno de sus autores, el expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, aseguró sobre el articulado: 'El trabajador va a tener un alivio porque puede tener tres horas menos a la semana de jornada de trabajo, sin que le bajen el salario, que le va a permitir más tiempo de familia, deporte y educación'.
Salario por regiones
A la pregunta de si se busca implementar el salario mínimo diferencial por regiones, que es una propuesta que ha venido haciendo Fenalco desde hace un par de meses, el Ejecutivo asevera que 'el presidente ha sido claro en informar que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta de salarios diferenciales' y que 'una eventual reforma laboral no buscará la reducción de los beneficios y las garantías de los trabajadores', reiterando que el tema será discutido de forma tripartita en la Comisión Permanente de Concertación de Política Salarial y Laboral.
También garantiza la cartera laboral que no se eliminarán las horas extras ni el pago de dominicales y festivos y que no se eliminará la indemnización por despido injusto.
Finalmente, sobre futuras formas de contratación, se indica en el documento que por el avance de la tecnología y las nuevas formas de trabajo el Gobierno se compromete a presentar en un año un proyecto de ley que 'defina la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector de aplicaciones y plataformas tecnológicas, y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de estas'.
'Las reformas sí están en curso'
Pese a las constantes negativas del Gobierno, el senador Alberto Castilla, uno de los citantes, tras el debate, no quedó satisfecho con las respuestas y asegura que las reformas laboral y pensional sí están en curso.
El opositor dijo que la jornada de movilización anunciada se citó, precisamente, debido a que estas reformas 'están siendo desarrolladas en manera soterrada y el Gobierno al no tener asegurada la gobernabilidad, ha usado distintos caminos para desarrollarlas'.
Dice el legislador que el 6 de febrero, cuando el Congreso aprobó el Plan de Desarrollo, 'fue la apertura para iniciar las reformas a las pensiones y laborales, donde el Gobierno Nacional no logró incluir todos los cambios que requería pero, tanto en sus bases como en el articulado final, quedan varios artículos que fundamentan la reforma laboral'.
Por ejemplo, agrega, 'el piso de protección social que desconoce la licencia de maternidad, paternidad y pago de incapacidades; niega la pensión de vejez, invalidez, sobreviviente y garantía de pensión mínima; sustituye al sistema de riesgos laborales por un ‘microseguro’ y niega la afiliación al sistema de cajas de compensación familiar'.
Así mismo, continúa Castilla, 'la promoción de los beneficios económicos periódicos; la creación de la subcuenta de compensación que será financiada con el 50% del recaudo correspondiente a las cotizaciones a cargo de los empleadores y trabajadores independientes y el holding financiero'.
Luego, añade, se emite la circular 049 del Ministerio de Trabajo, 'que continúa modificando elementos sustantivos en materia de riesgos laborales, pues dicha circular da instrucciones a sus directores territoriales y a los inspectores del trabajo sobre la forma como deben resolver una solicitud de permiso, por parte del empleador, para despedir a un trabajador o trabajadora en situación de discapacidad o enfermedad'.
Por último, asegura el senador del Polo que a raíz del anuncio del paro el pasado 4 de octubre, 'el Gobierno Nacional y sus ministros aparecen en público afirmando que ‘no está en curso ninguna reforma laboral ni pensional’ con el fin de desprestigiar y deslegitimar las razones del paro'.
¿Cuáles son los compromisos con la Ocde?
En el punto en que el Ministerio del Trabajo es interrogado sobre de los compromisos con la Ocde en materia laboral, dice la cartera que ha habido 28 reuniones entre Bogotá y París desde el 15 de septiembre de 2014. Se planteó, por ejemplo, en el ítem de informalidad laboral y subcontratación, la creación de la ventanilla única empresarial, un sistema de afiliación único para seguridad social (salud, pensión, subsidio familiar y seguro de accidentes), y prohibir formas de subcontratación abusiva mediante cooperativas, contratos sindicales y sociedades anónimas simplificadas. Y para el cumplimiento de la ley laboral, se propone fortalecer el sistema de inspección del trabajo.
En negociación colectiva, se lee uno de los aspectos polémicos de las negociaciones con el denominado ‘club de los países ricos’: 'Con un mejor diálogo social y una negociación colectiva reforzada, Colombia debe considerar un ajuste gradual en el muy alto salario mínimo para devolverlo a su rol original de piso salarial en lugar de norma salarial'. En cuanto a violencia contra sindicalistas, que fue el punto que más reclamaron países como Suecia y Austria, proponen tolerancia cero a la violencia y homicidios contra sindicalistas, fortalecer el programa de protección a líderes sindicales y reducir tasas de impunidad por violencia, amenazas y crimines contra sindicalistas. Uno de los asuntos que más llamó la atención, revelado hace un par de días por el diario capitalino ‘El Espectador’, fue el compromiso del Gobierno de 'examinar de manera crítica e independiente el rol del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y su uso excesivo de la fuerza'. Esto porque, un día después de radicado este documento, se iniciaron las multitudinarias manifestaciones en todo el país por el paro nacional y con ellas los enfrentamientos con el Esmad y una serie de abusos de este grupo policial que han venido siendo registrados en videos y fotos de celulares y la prensa. Ante lo que el Ejecutivo ha asumido la defensa a ultranza del Esmad e incluso ha desechado la propuesta del Comité del Paro de abolir esta fuerza. Finalmente el Ministerio de Trabajo afirma en sus respuestas al Congreso que no es cierto que se eliminaría el pago de subsidios por parte del Estado, que destina aproximadamente $40 billones al año para financiar el rubro pensional, y asegura que 'la consigna del Gobierno Nacional no es de ninguna manera gastar menos: es gastar mejor, teniendo siempre como prioridad a los colombianos más vulnerables'.
