El Heraldo
Cesar

Piden evitar invasión de urbanización destinada a desplazados en Valledupar

La Procuraduría fue informada de que un grupo de personas presuntamente armadas hacían presencia en el sector delimitado para la población en desplazamiento con la intención de tomar posesión de las casas.

Tras hechos de alteración del orden público ocurridos en días anteriores, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar (Cesar), Mello Castro González, y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y urbana de la ciudad, hacer efectivo lo ordenado en la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, que concedió el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado.

La Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada de que un grupo de personas, presuntamente armadas, estaban haciendo presencia en el sector delimitado para la población desplazada con el fin de tomar posesión de las casas que aún no están habitadas, por lo que se instó a las autoridades locales a hacer efectivo el beneficio concedido en la totalidad de las viviendas a las personas debidamente identificadas y censadas con anterioridad.

Ante tal situación el Ministerio Público conoció que cerca de 1.600 niños y 1.400 adultos que habitaban la Sabana 1 desde el año 2008 interpusieron una tutela contra la administración municipal, el departamento del Cesar y Acción Social por la ausencia de soluciones a sus problemáticas de domicilio. 

Por su parte, la Corte Constitucional decidió a favor de los accionantes concediendo el derecho fundamental a una vivienda digna con permanencia en el predio; por lo que, posteriormente se construyó la urbanización El Porvenir con 758 habitacionales, de las cuales se han establecido 113 familias beneficiarias a la fecha. 

Por lo anterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar señaló en el fallo que, “habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la urbanización El Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas”.

Cabe mencionar que anteriormente el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar había resuelto sancionar al alcalde de la ciudad, Mello Castro González, con arresto domiciliario de tres días y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras el desacato del fallo de tutela T-946 de 2011, en la que se ordenó el desalojo de la invasión, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicada en el predio Sabana 1, en esta ciudad.

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