El Heraldo
Cesar

La victoria temprana de ambientalistas e indígenas en el cerro Hurtado

El proyecto urbanístico al pie de esta reserva ecológica en Valledupar fue frenado de manera preventiva por la alcaldía, mientras Corpocesar solicitó revocar la licencia de construcción en el sector.   

Los indígenas bajaron de la Sierra y se unieron al clamor de los ambientalistas y ciudadanía en Valledupar para ponerle freno a la construcción de un proyecto urbanístico de 33 casas al pie del cerro Hurtado, declarado reserva ecológica en el norte del Cesar. 

Después de una intensa lucha que llegó hasta las instancias judiciales para proteger uno de los sitios sagrados para las comunidades nativas, y santuario de la fauna y flora en este territorio, aseguran que por fin empieza a verse una luz al final del túnel oscuro que, según indican, comprendía la devastación de una importante zona de riqueza natural. 

En febrero pasado, la Alcaldía de Valledupar ordenó la suspensión preventiva de las obras, que ya avanzaban pese a la oposición de varios sectores de la sociedad, que empezaron a hacer eco de la catástrofe que esto ocasionaría en esa parte de la naturaleza; y a finales de este marzo, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, como autoridad ambiental en el departamento, solicitó a la Curaduría Urbana N° 1 revocar la licencia de construcción. 

“Esto representa un importante antecedente en la protección del cerro Hurtado; primero que se haya movilizado la comunidad para exigir la salvaguarda de esa reserva; y segundo, que ya las entidades estén atendiendo esa petición”, indicó el abogado y ambientalista Víctor Martínez Gutiérrez. 

La decisión de la Alcaldía

En visita de un equipo interdisciplinario de la Oficina de Planeación Municipal, los funcionarios hallaron en el lugar de la construcción infracciones urbanísticas; entonces la administración, a través de la secretaría de Gobierno, decidió ordenar la suspensión preventiva de las obras. 

El inspector de Policía, Rameth Reales Rois, quien adelantó la diligencia de sellar el proyecto, indicó que “la visita resultó en un informe donde se avizoraron algunas falencias que se van a estudiar posteriormente, pero con el fin de evitar cualquier perjuicio irremediable, y más si se trata de un Área Especial de Protección, se decidió de manera preventiva realizar la suspensión de la obra”. 

La Personería de Valledupar también elevó una solicitud de suspensión del proyecto hasta que se pronuncie de fondo el Tribunal Administrativo del Cesar, teniendo en cuenta que, en la actualidad, hace tránsito una demanda o acción popular individualizada que está encaminada a la protección de los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos valduparenses, buscando evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre todos los cerros de la ciudad. 

La orden de suspensión establece que la obra se encuentra sellada de manera preventiva a partir del 25 de febrero de 2022, medida policiva que implica la suspensión inmediata de la actividad de construcción y/o demolición, tomada para evitar el daño irremediable a la integridad urbanística del municipio de Valledupar. 

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para solicitar la revocatoria de la licencia de construcción, consideró que “se evidenció que se estaba incumpliendo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial”.  

La pretensión fue notificada a la Procuraduría Ambiental del Cesar, considerando que se intervinieron áreas de la reserva que no estaban incluidas en la licencia de construcción. “Como autoridad ambiental inició el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio con medida preventiva de suspensión de obra”, señaló el director del organismo, Jorge Fernández.  

La entidad también enfatizó que si no resuelve la revocatoria de forma directa se solicitará la nulidad de dicho acto administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

El año pasado las etnias con asentamiento en la Sierra Nevada interpusieron una acción de tutela para impedir que se desarrollara el proyecto urbanístico, solicitando la protección de sus derechos a la consulta previa, a la autonomía, autodeterminación, la cual fue fallada a su favor el 25 de agosto por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, frenando la construcción de viviendas bifamiliares que estaba llevando a cabo Cenaida Rubiela Alvis Barranco y Libia Alvis Barranco, por no haberse agotado el trámite de consulta previa. No obstante, el 29 de octubre, el despacho declaró la nulidad de lo actuado y continuaron las obras, lo que conllevó a elevar más la protesta social. 

El cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias, indicó que el cerro Hurtado hace parte de la llamada Línea Negra, donde se encuentran los sitios sagrados y de pagamento de los pueblos indígenas, por lo que las obras que allí se pretenden afectarían su integridad territorial y cultural.   

El movimiento ambiental S.O.S Cesar consideró que se debe reparar el daño causado y derogar las disposiciones jurídicas tendientes a la construcción de viviendas, monumentos y otras obras que, a la postre, conllevan a su deterioro y desaparición”.   

Corpocesar explicó que “es pertinente hacer referencia a que el municipio de Valledupar, mediante el Acuerdo 032 de 1996, declaró zona de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad a los cerros Hurtado y La Popa. Posteriormente, a través del Acuerdo 066 de 1999, quedó siendo parte de la estructura ecológica principal del suelo urbano, pero se excluyó del área del cerro Hurtado la manzana F de la urbanización Santa Rosalía, es por ello que cuando se realiza la segunda generación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Valledupar, adoptado a través del Acuerdo 011 de junio de 2015, se mantuvo la exclusión de esa manzana”.  

La entidad instó al municipio de Valledupar para que realice la revisión y ajuste del componente urbano del POT debido a que este tiene vencida su vigencia, con el objeto de aplicar medidas de protección del 100 % del cerro Hurtado, ya que el mismo hace parte de las áreas de conservación y protección ambiental definidas en el POT vigente, áreas definidas como zonas de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad, las cuales corresponden a sectores que es necesario proteger y conservar los elementos naturales de la orografía municipal existentes, con mérito singular para el paisaje, el ambiente y la estructura urbana del municipio.   

El proyecto contempla la construcción de 33 viviendas en un área protegida.
Un daño grave

Lo que se está evitando, dicen los ambientalistas, es una grave afectación al recurso natural. “Sin la existencia de este ecosistema, es muy probable que la actual población de animales, aledaña al balneario de Hurtado, pueda desaparecer en corto tiempo; y la de aves también se disminuiría significativamente afectando la biodiversidad y su riqueza genética de esta zona”, indicó Eudis De León, vocero de Foro Ambiental del Cesar. 

“La intervención del suelo destruirá su estructura física y afectará la estabilidad del terreno. Es un daño considerable no solo del suelo, sino de la vegetación que será talada, si se tiene en cuenta el fondo de 30 metros y 12 de ancho de cada uno de los treinta y tres lotes estimados para la construcción de las viviendas”, sostuvo. 

“Esto sería un daño irreparable y traumático, ya que afectaría la salud y la tranquilidad psicológica de la población. Acabará con su importancia cultural y destruirá un patrimonio natural y turístico de la ciudad”, puntualizó. 

La génesis de la construcción

Los predios en los que se pretende la edificación de unas 33 casas pertenecieron al ex gobernador del Cesar José Guillermo ‘Pepe’ Castro, abuelo del actual alcalde Mello Castro, los cuales fueron vendidos a otros particulares, luego de que en 2015 los concejales para ese periodo, entre los cuales se encontraban José Santos Castro González, que es el mismo alcalde Mello Castro, y su primo José Guillermo Yamín Castro, en el mandato del entonces alcalde Fredy Socarrás, aprobaron una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Valledupar, que permitía adelantar el proyecto de vivienda en esa franja.    

La polémica se desató porque las ahora propietarias de uno de los lotes iniciaron la limpieza del mismo para construir su casa en lo que sería una extensión de la urbanización Santa Rosalía. 
Cenaida Alvis Barranco, dueña del predio que empezó a adecuarse para una de las viviendas, manifestó que “supimos de unos lotes en venta, queríamos comprar un nuevo lugar donde vivir, y después de verificar todas las leyes que rigen esta parte, por supuesto la ambiental, adquirimos el terreno”.   

Los colectivos de protección ambiental en Cesar se mantienen firme en su propósito de no permitir que este proyecto se realice. “Haremos lo que sea necesario para detener y revertir estos atropellos vestidos de legalidad, los cuales contaron con el visto bueno de las administraciones de turno”, indicaron.     

“En caso de que los supuestos propietarios de la franja circundante de 30 metros medidos desde la orilla hacia la cúspide del cerro comprueben la legitimidad de propiedad privada, en virtud de que el derecho público prima sobre el derecho privado, el alcalde de Valledupar debe comprar dicha franja para que el cerro sea Reserva Forestal y Patrimonio Municipal”, puntualizaron.    

El arquitecto Rubén Darío Carrillo manifestó que “atendiendo a la legitimidad de los propietarios respaldados por el acuerdo del POT 2015 que dejó proyectada la urbanización Santa Rosalía, la solución es que el municipio les compre a los propietarios de esos lotes para preservar el cerro”.  

Indígenas y ambientalistas han protestado en repetidas ocasiones por las obras en el cerro Hurtado.
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