La mala hora de los ganaderos del Cesar
En lo que va de este año, tres han sido asesinados. Piden se les permita el porte de armas para defenderse.
Al departamento del Cesar está regresando a la época cuando las fincas ganaderas eran manejadas a ‘control remoto’ por sus propietarios, tras el temor que generaban entre las décadas de los 70 y 90 los secuestros, extorsiones y ataques a las estructuras por parte de las guerrillas, principalmente de las hoy desmovilizadas Farc.
Ahora son las bandas criminales, delincuencia común y el Eln los que siembran el miedo en el sector productivo, con el resurgir de prácticas como las retenciones forzosas, que prácticamente habían desaparecido en este territorio, y las cuotas extorsivas, que se suman a delitos como el abigeato, amenazas, atentados y homicidios.
Para el gerente del Fondo Ganadero del Cesar, Hernán Araujo Castro, la ola de inseguridad genera desconfianza.
“Uno empieza a ver panfletos por ejemplo en El Copey; secuestro en Chiriguaná y Chimichagua; muerto en Aguachica, homicidios y atentados en Valledupar, eso lógicamente va acorralando a los productores del campo, dejando de ir a sus fincas”.
Tres asesinados. Tres ganaderos han sido asesinados este año, dos en Valledupar y uno en Río de Oro. Además del reciente atentado que casi le cuesta la vida al productor agropecuario Celso Castro, sobrino del exgobernador, fallecido José Guillermo Castro, en hechos registrados el 10 de julio en el centro de la capital del Cesar.
También fue secuestrada y posteriormente liberada la ganadera Ana Sofía Vargas, de 70 años de edad. El plagio ocurrió el 10 de enero pasado, cuando la mujer visitaba una finca de su propiedad en el municipio de Chimichagua; su liberación se produjo dos meses después en Teorama, Norte de Santander, donde fueron capturados cuatro delincuentes que la tenían en su poder.
El 29 de mayo anterior, sujetos armados secuestraron al ganadero barranquillero Carlos Alberto Restrepo Nader cuando realizaba trabajos de campo en su finca en zona rural del municipio de Pailitas, en el sur del Cesar.
En esa oportunidad, cuatro sujetos armados llegaron preguntando a la estancia agrícola por el dueño. Se identificaron como integrantes de la banda criminal ‘Los Pelusos’; posteriormente fue liberado, ante la presión de las autoridades.
INCURSIONES A FINCAS
El 20 de enero de este año, dos sujetos armados y encapuchados, que vestían prendas de color negro, incursionaron en una finca en zona rural de Valledupar a donde ese día había llegado a vacunar unas reses el ganadero Juan Felipe Ustáriz, quien fue sometido y subido en su propia camioneta. Minutos después el vehículo fue encontrado incinerado con su cuerpo adentro.
La investigación determinó que dos trabajadores de confianza de la familia del ganadero, el conductor, y el capataz de la hacienda, planearon y ordenaron el asesinato de Ustáriz, al parecer porque este se percató que le estaban robando el ganado y otros elementos de la finca.
Poco más de un mes del fatídico episodio que enlutó a esta familia, y agudizó el temor de los ganaderos, se registró una incursión a una estancia agrícola de un tío de Juan Felipe, donde luego de intimidar al administrador procedieron a incinerar un tractor y utensilios para labores en la propiedad. En este hecho, las pérdidas solo fueron materiales.
El 29 de enero, un grupo de delincuentes armados ingresó a seis fincas continuas en la vereda La Luna, ubicada entre el municipio de Bosconia y el corregimiento de Cuatro Vientos, donde amordazaron a los trabajadores para hurtar objetos de valor.
Al tiempo que sometían a los labriegos aprovecharon el grado de indefensión de las mujeres que allí se encontraban para abusar sexualmente de dos adolescentes de 14 y 16 años.
Además del asesinato de Juan Felipe Ustáriz, en Valledupar el 16 de mayo, fue ultimado de cuatro tiros el ganadero Breiner López Villero, de 39 años, natural de Codazzi. El crimen ocurrió en un lavadero de carros, en la carrera cuarta con calle 17, en el centro de la ciudad, donde la víctima esperaba que terminaran un servicio a su camioneta.
El más reciente hecho ocurrió el pasado viernes 12 de julio cuando fue asesinado de un disparo en el tórax, José Hernán Osorio Arengas, de 84 años. Osorio llegaba a su finca El Jaguil, en el corregimiento Montecitos, jurisdicción del municipio de Río de Oro, sur del Cesar.
La víctima se desplazaba a bordo de su camioneta, con dos empleados, cuando fueron interceptados, según informó la Policía, por tres sujetos que vestían prendas de color negro, portaban pistolas y se identificaron como miembros del Eln.
LA PROPUESTA DE LAS ARMAS
En medio de la ola de violencia, los ganaderos del Cesar dicen sentirse “indefensos” en el campo frente a los grupos delincuenciales, por lo que plantearon al Gobierno nacional permitirles armarse para garantizar su integridad y poder llegar a sus haciendas bajo sus propios esquemas de seguridad. También proponen reforzar redes de cooperantes en las zonas rurales.
La propuesta surgió luego del secuestro del ganadero Juan Felipe Ustáriz. Sin embargo, Hernán Araújo dijo que no han tenido eco. Aclaró que no se trata de crear grupos privados, sino que se les permita el porte de armas.
“La situación es cada vez peor, y mientras a la gente de bien se le complica portar armas, a los delincuentes no hay quien los controle. El tema es de bastante preocupación por los casos que se vienen presentando últimamente con los productores del campo”, asegura.
Para Araújo resulta paradójico que mientras el Gobierno nacional prohíbe el porte de armas, los delincuentes están traficando y transitando con armamento que se considera “ilegal” para realizar esas acciones, mientras que los productores del campo están expuestos a la delincuencia.
“Consideramos que frente a la ola de delincuencia que vivimos, especialmente frente a los secuestros y ola de abigeato que hay en el campo colombiano, que el Gobierno debe establecer nuevamente un decreto que permita el porte legal de armas”, anotó.
Para el ganadero Jaime Murgas es urgente que la ola de inseguridad sea examinada porque los hechos violentos que están ocurriendo demuestran que la delincuencia “anda campante armada frente a una población desarmada”.
El gremio, que tiene un censo de 13.200 fincas ganaderas con un hato de 1,5 millones de reses, afirmó que se requieren medidas de fondo, más inteligencia por parte de los organismos de seguridad del Estado y presencia permanente, porque, según indica, lo que se hace son patrullajes ocasionales, lo que está generando una desprotección en las zonas rurales.
Óscar Daza Laverde, directivo de Fedegan, exigió medidas coherentes con lo que están viviendo. “No podemos seguir en esta incertidumbre de la extorsión, el abigeato y el secuestro, que cada día nos agobian más”.
FORTALECEN RED CÍVICA DE APOYO
Luego del asesinato de Juan Felipe Ustáriz, las autoridades anunciaron una serie de medidas como el fortalecimiento de una red cívica a través de grupos de WhatsApp, además del acompañamiento y garantía de seguridad de los ganaderos .
En una reunión con el Ejército, la Policía y los productores ganaderos se establecieron compromisos para el despliegue de las fuerzas del Estado e incrementar las labores de inteligencia en los perímetros urbanos y rurales.
La Policía se comprometió a seguir implementando la red de participación cívica que ha dado resultados en el Cesar.
No obstante, frente al porte de armas, Hernán Araújo, señaló que no han tenido respuesta alguna. “Se lo planteamos al ministro de Defensa y dijo que aquí no estaba pasando nada, que era una situación normal, cuando se ha agudizado cada vez más la inseguridad”, puntualizó.
