Cesar

Hacinamiento y violación de Derechos Humanos en las cárceles de Valledupar

En visita de inspección interinstitucional se evidenció una sobrepoblación de 930% en la central Permanente de Policía, y del 300% en la URI de la Fiscalía.

Una flagrante violación de Derechos Humanos evidenció la Procuraduría General de la Nación en los establecimientos carcelarios de Valledupar, donde se registra un alto hacinamiento, problemas de salud y fallas estructurales. 

En visita a las cárceles y centros de reclusión en la capital del Cesar, la Comisión Extraordinaria enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y liderada por el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 900%, serios problemas de salud entre la población privada de la libertad y deficiencias en las instalaciones que requieren intervención urgente.  

“Lo primero que habría que decir es la profunda preocupación que tiene la Procuradora General de la Nación por la situación de hacinamiento en la Estación Permanente de Valledupar; lo que vimos allí que con una capacidad de 60 personas, hay casi 600 eso es totalmente lamentable, repudiable y una clara violación de Derechos Humanos”, precisó el procurador delegado de Derechos Humanos, Javier Sarmiento. 

Señaló que “después de una mesa de trabajo de cuatro horas, —este viernes— llegamos a unas conclusiones importantes de las cuales valga destacar que la Procuraduría hará un seguimiento riguroso a los compromisos que  han manifestado la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar de adelantar acciones en especial a corto plazo para  solucionar esta situación; el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Justicia ,e  Inpec  de coadyuvar esta tarea en la posibilidad de habilitar a la mayor brevedad 145 cupos en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, conocida como ‘La Tramacúa’, y hacer  un diagnóstico para que la Gobernación, especialmente, pueda asumir los costos de esas reparaciones y mantenimiento para garantizar el traslado” . 

El otro ítem, tiene que ver con la fase de resocialización al interior del establecimiento penitenciario, La Permanente. “En teoría las estaciones de Policía deben tener personas privadas de la libertad por  36 horas, pero encontramos internos con 36 y 48 meses, de esta manera allí no se cuentan con unos espacios para tal efecto y en la medida que se empiece a descongestionar van a poder realizar sus actividades deportivas, cultural, de trabajo, de redención de penas; lo importante es que la Alcaldía y la Gobernación cumplan con habilitar un centro de reclusión transitorio como lo exige la ley, y también coadyuvar en todo lo que tiene que ver con descongestión de la estación Permanente”. 

El caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de Policía La Permanente donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60, para un hacinamiento del 930%, que impacta seriamente las condiciones de vida y salud de las personas. Allí se presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y hay un brote de tuberculosis.  

En la Cárcel Judicial se pudo determinar que es una construcción con 52 años, cuya infraestructura requiere intervenciones inmediatas. Cuenta con capacidad para 256 personas privadas de la libertad y en el momento hay 612 internos, 228 son condenados y 384 sindicados, un hacinamiento de 245%.  

En el Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad, conocido como Cárcel ‘La Tramacúa’ hay 1.498 personas detenidas, la sobrepoblación asciende al 3,2%, allí el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requieren mejoras locativas y en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones, con capacidad para 160 personas, donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales.  

Finalmente, en recorrido por la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la ciudad, se evidenció que hay 60 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, en un espacio adecuado apenas para 15 personas, lo que significa hacinamiento de 300%.  

El recorrido fue acompañado por los directores del Inpec y la Uspec, el director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, el Defensor Delegado para la Política Criminal Carcelaria, el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Procuradores Regional de Cesar y Provincial de Valledupar, el Defensor Regional del Cesar, el Personero de Valledupar y el Secretario de Gobierno del municipio.

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