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Envían a la cárcel a juez, fiscal y abogado implicados en corrupción

Según la Fiscalía habrían conformado una “empresa criminal” para manipular procesos judiciales a cambio de dinero. 

Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cobijados el juez promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote; el fiscal sexto seccional en esa localidad, Yesid Pallares Aguilar; y el abogado Carlos Ropero Galván, señalados de conformar una red de corrupción con trámites de procesos judiciales en ese municipio del Cesar.

La decisión de enviar a la cárcel a los dos funcionarios judiciales y al defensor público la tomó la madrugada de este domingo el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, tras los argumentos de la Fiscalía sobre la operación de una presunta “empresa criminal” que estas personas habrían conformado para exigir dinero a cambio de favorecer a los procesados. 

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía están videos, interceptaciones de llamadas telefónicas, y testimonios; sin embargo, no aceptaron los cargos que le imputó el ente acusador como presuntos responsables de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, prevaricato por acción, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. 

Las indagaciones del ente acusador evidencian que las tres personas habrían conformado, al menos desde 2017, una “empresa criminal” dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero. Señaló que cuenta con evidencias de que habrían manipulado, por lo menos, cinco procesos judiciales.   

El juez Orozco, el fiscal Pallares, y el abogado Ropero, habrían sido denunciados por una persona a la que supuestamente le exigieron 20 millones de pesos para ‘arreglarle’ su situación jurídica en un proceso en su contra, pero al no tener el dinero completo, presuntamente le recibieron un vehículo como pago. 

Los tres fueron capturados el jueves anterior por agentes del CTI, haciendo efectiva las órdenes judiciales en su contra solicitadas por el Grupo de Fiscales Delegados frente a este eventual caso de corrupción en la rama judicial. 

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