“En ese pacto nosotros como Autodefensas reconocíamos que los mamos eran la máxima expresión de la sabiduría de esos pueblos, que representaban el liderazgo, que en sus hombros estaba el desarrollo de su cultura, tradiciones, y sus cultos; y también se discutió la importancia del territorio de los indígenas, salieron reflexiones como que para ellos el territorio es muy importante; que sin él, es como si no tuvieran vida, y se llegaron a unos acuerdos en esa reunión en la que participaron wiwas, kankuamos, chimilas, wayuus, yukpas; uno de ellos era que nosotros respetaríamos esos territorios y no los vincularíamos al conflicto”, relató Tolemaida.

Indicó que ese acuerdo funcionó hasta que en una operación paramilitar en Palmarito contra Julián Conrado, cabecilla de las Farc, encontraron un video, cuyas imágenes mostraban el acercamiento de unos indígenas con el entonces líder guerrillero.

“Encontramos un video musical de Julián Conrado dentro de la comunidad, rodeado de indígenas, algunos portando armas. En las imágenes se observa incluso a Conrado colocándose el gorro sagrado de uno de los mamos, y eso causó molestia en la organización, en Jorge 40, y digamos que de una u otra forma ese acuerdo de convivencia se rompió, y bueno la dinámica de la guerra cambió y al final los pueblos indígenas sufrieron por parte nuestra grandes afectaciones en su territorio, en su comunidad, en sus tradiciones; y eso lo hemos reconocido en Justicia y Paz”, sostuvo Óscar Ospino Pacheco.

Señaló que “esto lo hemos reconocido, al igual que casos significativos como la familia Arias”. En el accionar de los paramilitares, los indígenas kankuamos fueron los más afectados, al punto que fueron asesinados decenas señalados como colaboradores de la guerrilla, crímenes reconocidos por los excabecillas del Bloque Norte postulados en Justicia y Paz.

El pueblo kankuamo fue declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en 2009 y además cuenta con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

‘No estamos de acuerdo con las armas’

Leonor Zalabata, lideresa del pueblo arhuaco, dijo que “los indígenas somos víctimas del conflicto armado, resultamos afectados en nuestros territorios, sin ser parte de grupos de izquierda o derecha, ni de las Fuerzas del Estado porque no estamos de acuerdo con las armas, para nosotros el poder es de la palabra”.

“Los pueblos indígenas creemos que los conflictos se resuelven con el diálogo, nos hemos gobernado sin necesidad de tener gente armada, manteniendo con la palabra nuestra convivencia y la solución de nuestros problemas”, señaló. No obstante, reconoció que hubo una penetración de las estructuras al margen de la ley en sus territorios lo que causó grandes afectaciones.

Y es que, según reconoció Tolemaida, las guerrillas de las Farc y Eln tenían en sus filas indígenas. En medio de ese conflicto algunos hicieron parte de esas estructuras o quedaron en medio del mismo, siendo víctimas de la confrontación armada.

Dominio territorial

De acuerdo con un informe del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República, las guerrillas del Elny las Farc comenzaron a establecer desde los 80 un dominio territorial y control social basado en las contribuciones económicas obligatorias a finqueros, hacendados y campesinos colonos, el secuestro, el homicidio selectivo y el sometimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada por medio de diversas estrategias de intimidación.

Las autodefensas por su parte, empezaron a incursionar en la zona a finales de la década de los noventa, desde las áreas planas de la Sierra Nevada, donde se encontraban los territorios de los kankuamo, motivo por el cual, dicha comunidad fue objeto de acciones de violencia bajo el pretexto de ser supuestos colaboradores de la insurgencia.

“Entre las acciones más recurrentes, se encontraban el bloqueo y la restricción a la entrada de bienes para la supervivencia de la población civil por medio de operaciones de taponamiento de los accesos a la Sierra, el establecimiento de tributos por alimentos que salían de la zona, la entrada y salida de drogas ilícitas, la distribución de la gasolina venezolana traída desde La Guajira, el transporte de armas y demás actividades ilegales”, indica el informe.

Señala que frente a lo anterior, las Farc y el Eln optaron por replegarse en inmediaciones de las comunidades indígenas de la Sierra, por medio de intimidaciones, amenazas y reclutamiento forzado de los jóvenes de la población (específicamente en Atánquez). También se presentaron hurtos, homicidios y quemas de varias casas, lo que ocasionó el desplazamiento de varias comunidades hacia las partes altas de la Sierra, en sus propios resguardos.

En este panorama, se destaca que en las zonas medias y altas de la Sierra Nevada, la estrategia tanto de las autodefensas como de la subversión, fue ejercer acciones violentas directamente contra la población civil, con el objetivo de persuadirla de colaborar con uno u otro grupo, obligar a dichas comunidades a tener ciertas lealtades con los actores armados y finalmente ejercer control social y territorial sobre dicha zona. Por lo anterior, la dinámica de los asesinatos guardó estrecha relación con el estado de la confrontación, pues los dos grupos armados recurrieron constantemente al homicidio selectivo en la medida en que vieron amenazadas sus zonas y alteradas las lealtades de los pobladores bajo su dominio.

“Los indígenas fueron vistos por los grupos de autodefensas como poblaciones que mantenían relaciones con la guerrilla, impresión que se vio reforzada por el reclutamiento de algunos de sus miembros por parte de la subversión; de la misma manera, la guerrilla comenzó a ver a los indígenas con desconfianza y en medio del cerco de las autodefensas no dudaron en imponer castigo que buscaban preservar su control sobre esta zona. De esta manera, los indígenas comenzaron a ser víctimas de homicidios selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, bloqueos y hurtos de alimentos, y el asesinato de sus líderes, con el objetivo de truncar la idea de la neutralidad en el conflicto”, puntualizó el informe del Observatorio de DH y DIH.